Desde Washington

Los abogados que representan a unos cien prisioneros detenidos en la cárcel de Guantánamo condenaron airadamente los pasos dados por la administración Bush para que les resulte más difícil visitar a sus clientes. Los abogados dicen que las restricciones que ya existen hacen que sus tareas sean casi imposibles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió que una corte federal imponga restricciones más severas a los abogados, aduciendo que sus visitas a los prisioneros han “causado problemas irreparables y amenazas a la seguridad de Guantánamo”.

En un escrito a la Corte el departamento afirma que los prisioneros les pasan información a sus abogados y ellos luego se la dan a los medios. Los abogados que representan a unos 300 de los 385 prisioneros todavía detenidos en la base naval de Estados Unidos en Cuba reaccionaron ayer con enojo a las acusaciones del departamento. Dijeron que lo que realmente impulsaba el pedido era el deseo del gobierno de Estados Unidos de disminuir más aún el ya severo escrutinio que recibe Guantánamo.

Clive Stafford Smith, director legal del grupo Reprieve basado en el Reino Unido, que representa a varias docenas de prisioneros, dijo sobre la afirmación: “Dicen que los abogados han causado inquietud, dicen que hemos causado huelgas de hambre. Esto es una estupidez enorme. Se hace esto para que no salga información de adentro de Guantánamo. Se está haciendo para que ningún periodista descubra lo que le hicieron a Khalid Sheik Mohammed y a otros”. Según las propuestas, presentadas anteriormente este mes en Washington DC, podrían restringirse las visitas a sólo tres con un cliente existente, la correspondencia que envían a sus clientes podría ser vetada por los funcionarios de inteligencia militar y los funcionarios gubernamentales tendrían poder para evitar que los abogados tengan acceso a la evidencia secreta usada por los tribunales militares para decidir si los prisioneros eran “enemigos combatientes”.

Desde que la prisión abrió en enero de 2002, establecida para albergar a los supuestos sospechosos en la llamada guerra contra el terror, Guantánamo ha sido el foco de controversia y de infinitas acusaciones de abuso y tortura. Tres prisioneros británicos que eventualmente fueron puestos en libertad sin cargos, dijeron que habían sufrido abusos y habían sido maltratados. La administración Bush ha tratado de restringir la cantidad de información disponible sobre los prisioneros y el trato que reciben. Cuando los supuestos complotadores del 11 de septiembre, Khalid Sheik Mohammed u otros “blancos de algo de valor”, estuvieron delante de los tribunales para evaluar su status en marzo, se les prohibió estar presente en los procedimientos a todos los abogados y periodistas, con el pretexto de la seguridad nacional. Mohammed, que según una transcripción del Pentágono de los procedimientos se adjudicó la responsabilidad por una serie de ataques terroristas, dijo que había sufrido abuso a manos de la CIA.

Muchos de los abogados dicen que las restricciones harán que sea imposible representar a sus clientes, ni siquiera convencer a los detenidos desconfiados, en una única visita, que son abogados reales, y no son interrogadores. La disputa surge en un caso en que los detenidos están desafiando las decisiones de los paneles militares de que fueron confinados como enemigos combatientes. Un vocero del Departamento de Justicia declinó comentar ayer el pedido, diciendo que el escrito a la Corte debería hablar por sí solo. Parte de ese escrito afirmaba: “No hay ningún derecho de parte de los consejeros a que tengan acceso a los extranjeros detenidos en una base militar segura en un país extranjero”. Pero los abogados dicen que el gobierno estaba tratando de negarles a los acusados un derecho legal básico. Los que abogan por los derechos de los prisioneros han estado luchando largo tiempo para que sean llevados a juicio o, de lo contrario, liberados.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.