BRASIL.
Lula no va en avión

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tendrá que enfrentar la primera investigación parlamentaria de su segundo mandato. Será sobre las causas del llamado apagón aéreo que sacudió al país entre octubre y marzo pasado. El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte constitucional, ordenó el miércoles a la noche que la Cámara baja empiece a investigar. Por unanimidad, los magistrados ordenaron al presidente de Diputados, Arlindo Chinaglia, que instale una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI). Desde Chile, Lula aseguró que no teme el resultado de las investigaciones. Además de la investigación que iniciará Diputados, el Senado también decidió ayer crear su propia CPI para este caso. Esta seguramente empezaría a trabajar recién a principios de mayo. El llamado apagón aéreo comenzó en octubre, después del accidente de un avión de la compañía Gol que, tras chocar en pleno vuelo con otro avión, cayó en la selva amazónica. Murieron los 154 ocupantes. El accidente, que aún está siendo investigado, generó dudas sobre la eficacia del sistema de control aéreo y desató una protesta de los controladores de vuelo, quienes pedían la desmilitarización del sector. Empezaron a realizar “operativos tortuga”, pero para fines de marzo prácticamente tenían paralizado todo el tráfico aéreo del país.

ECUADOR.
Adiós Banco Mundial

El gobierno ecuatoriano dio un sonoro portazo a los organismos extranjeros de crédito al expulsar al emisario del Banco Mundial (BM) en Quito. El presidente Rafael Correa declaró al brasileño Eduardo Somensatto persona non grata, lo que equivale a expulsarlo del país. Según explicó el Palacio de Nariño, Somensatto había chantajeado a Correa con un préstamo de cien millones de dólares cuando éste era ministro de Economía. “Como llegué al ministerio, y no soy recadero del BM, nos retuvieron el cheque. Tres meses nos tuvieron tonteando y cuando fui a Washington me respondieron que lo habían hecho por reformar una ley interna, es decir, castigaron a un país soberano por modificar una ley nacional”, había denunciado Correa, haciendo referencia a una ley que destinaba fondos petroleros a recomprar deuda externa pública. Durante su campaña electoral, el actual presidente había calificado al BM y al FMI como una burocracia indeseable. Siguiendo este pensamiento, el gobierno ecuatoriano decidió en sus primeros meses dar por terminada su relación con el FMI, cancelando su deuda de 11,4 millones de dólares. Sin embargo, no sucedió lo mismo con el BM. La expulsión de Somensatto no significa que el organismo de crédito deje de funcionar o de tener una relación con Quito. Ayer la entidad, con base en Washington, dijo que estaba abierta a un diálogo con las autoridades ecuatorianas. Quito no contestó.