Lewis “Scooter” Libby, el ex jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney, fue enviado a prisión ayer por 30 meses por perjurio y por obstruir la justicia en el caso de filtraciones de la CIA. La sentencia va a generar exigencias de los conservadores a George W. Bush para emitir un perdón presidencial políticamente controvertido a uno de los principales arquitectos de la guerra contra Irak.

El castigo de Libby, que también incluye una multa de 250.000 dólares, es la menos esperada de las expectativas. Es el funcionario más importante de cualquier administración que se enfrenta a un período en prisión –y, aunque indirectamente– el primer importante asesor de Bush que es condenado por cargos que provienen de la guerra. Como señalaron ayer sus abogados en un último pedido de clemencia, el ex principal asesor del vicepresidente no fue encontrado culpable del delito de filtrar el nombre de la agente de la CIA Valerie Plame, sino sólo de mentirle al gran jurado sobre cuándo habló de ella con los periodistas.

Sin embargo, la razón no impresionó al juez federal Reggie Walton, quien presidió el juicio de siete semanas este año y que tiene la reputación de ser duro con las sentencias. “La gente que ocupa este tipo de posición, en la que tiene en sus manos el bienestar y la seguridad de la nación, tiene la especial obligación de no hacer nada que pueda crear un problema”, les dijo a Libby y a sus abogados ayer, en alusión a lo que está en juego en este caso.

La revelación en la columna de un diario de julio de 2003 de la identidad de Plame apareció unos pocos días después de que su marido, el ex embajador Joseph Wilson, acusara públicamente a la Casa Blanca de Bush de tergiversar deliberadamente la inteligencia preguerra sobre las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y su supuesto programa de armas nucleares. La filtración fue considerada como una medida deliberada de la administración Bush para “castigar” a Wilson. Poco después un fiscal independiente comenzó una investigación que vería una procesión estelar de altos funcionrios y de periodistas de Washington pasar por el banquillo de los testigos en el tribunal federal de DC, a una docena de cuadras de la Casa Blanca.

De todos, sólo Libby fue acusado y luego condenado. Escuchó tranquilamente la sentencia, pero su mujer, Harriet Grant, ella misma una ex abogada, estaba llorando –y con motivo–. Aun con buena conducta, su marido se enfrenta a dos años tras las rejas, seguidos por dos años de libertad condicional. Además, hay una factura legal estimada en cinco millones de dólares. Fue “una caída trágica”, dijo Theodore Wells, un abogado defensor. La mayor incertidumbre ahora es saber si Libby irá a prisión inmediatamente o si se le permitirá quedar en libertad hasta que salga el resultado de la apelación que se hizo inmediatamente después de la sentencia. El juez Walton dictaminará ese tema la semana que viene. Su decisión podría dejar a Bush enfrentado a una posición incómoda.

Desde la condena de su cliente, la estrategia de los abogados defensores ha sido la de mantener a Libby fuera de la cárcel, haciendo tiempo con apelaciones hasta que Bush llegue al final de su segundo término. En ese punto, cualquier perdón tendrá un impacto mínimo. Pero si el juez decide que Libby debe ir a la cárcel inmediatamente, el presidente se verá muy presionado por los conservadores para que emita un perdón inmediatamente, arriesgándose no sólo a una protesta liberal sino también a una posible reacción en contra de su Partido Republicano en las elecciones. Dana Perino, vocera de Bush, dijo que el presidente no intervendría mientras continuara el proceso de las apelaciones.

Ayer, se hicieron públicas unas 160 cartas al juez, muchas de ellas de miembros del establishment republicano, sosteniendo que los antecedentes de los servicios públicos de Libby le daban derecho a un castigo menor de libertad condicional. Entre los que escribieron estaban Donald Rumsfeld, el ex secretario de Defensa; el general Peter Pace, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el ex embajador a las Naciones Unidas e Irak, el halcón John Bolton, así como el ex secretario de Estado Henry Kissinger. Kissinger dijo que mientras en ocasiones tenía diferencias de política con Libby, estaba no obstante “muy impresionado por su patriotismo, integridad y sentido de la responsabilidad”. Pero Patrick Fitzgerald, el fiscal especial, fue categórico en que Libby debía ser encarcelado, durante tres años. “Necesitamos hacer una declaración de que la verdad importa mucho”, le dijo a la corte. En última instancia, la negativa de Libby de disculparse por su delito, y por lo tanto socavar su apelación para revertir la condena, puede haber inclinado la balanza en su contra.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.