Panamá se despierta hoy expectante. El futuro del hombre que todavía despierta odios, amores y temores en el pequeño país centroamericano se decide nuevamente en un tribunal de Miami. Después de pasar más de diecisiete años en una celda estadounidense, el dictador Manuel Antonio Noriega se volverá a presentar en una corte, seguramente con su antiguo uniforme de general. El mismo juez que a principio de los noventa lo condenó por narcotráfico será el encargado de anunciar si el veterano golpista será extraditado a Francia para enfrentar nuevos procesos judiciales o si será devuelto a su país natal. En Panamá también lo esperan varias condenas y un número todavía mayor de denuncias. Sin embargo, según sus detractores, en su tierra natal lo esperan muchos de sus ex aliados, cuyos secretos habría guardado durante casi dos décadas.

Envejecido y contando los días para su excarcelación el 9 de septiembre próximo, el dictador panameño era casi un fantasma del pasado al que los vericuetos de la Justicia parecen haber resucitado de repente en los últimos meses. La incertidumbre sobre su futuro destino, París o Panamá, mantiene en vilo al país centroamericano y a algunos grupos interesados en Francia y Estados Unidos. En el país europeo lo condenaron en ausencia en 1999 a diez años de prisión por narcotráfico y ahora podrían abrirle un nuevo proceso por lavado de dinero. En su tierra natal, su situación sería aún más complicada. Le aguarda una sentencia penal en firme de quince años de cárcel por el asesinato del médico guerrillero Hugo Spadafora en 1985, una condena de veinte años de cárcel por la masacre de oficiales rebeldes que participaron el fallido golpe en 1989, otra sentencia de veinte años por el fusilamiento del mayor Moisés Giroldi, el líder del levantamiento, y ocho años por peculado doloso.

La acumulación de condenas no parece condecirse con los esfuerzos del ex general golpista de volver a Panamá. La defensa de Noriega sostiene que, como prisionero de guerra –denominación que le dio la misma Justicia estadounidense–, debe ser devuelto a su país de origen, como establece la Convención de Ginebra. El interés del dictador de retornar a su tierra no sólo tiene que ver con que allí encontrará más amigos que en París. Según las leyes panameñas, las penas no son acumulativas y lo máximo que puede pasar en prisión es veinte años. Además, todos los prisioneros pueden alcanzar la prisión domiciliaria a la edad de 74 años. Al dictador panameño sólo le faltan unos meses para poder acceder a ese beneficio.

El gobierno estadounidense hizo todo lo que pudo para mantener un perfil bajo y no comentar el caso. La figura de Noriega no es muy cómoda para los que ya suman más de dos décadas en Washington. Antes de asumir, tras la muerte dudosa del general Omar Torrijos, Noriega fue un agente de la CIA y hasta llegó a ser condecorado por la DEA, la agencia estadounidense antidrogas. Durante los ochenta, fue un fiel aliado de la Casa Blanca en su campaña contra el gobierno sandinista en Nicaragua. Pero el vínculo se rompió en los últimos días de 1989, cuando George Bush padre invadió el país con cerca de 35 mil soldados. La acumulación de poder que había conseguido el antiguo soldado de la CIA en los meses anteriores hizo temer en Washington por los intereses estadounidenses, principalmente el Canal de Panamá.