La veintena de obispos de la Comisión Permanente del Episcopado que culminó ayer una reunión de tres días en Buenos Aires decidió ahorrarse trabajo y, en lugar de redactar una nueva declaración sobre las elecciones, optó por repetir el mismo pronunciamiento que sobre el tema hizo la asamblea episcopal el pasado 28 de abril. Entonces, ahora la jerarquía católica recuerda, entre otros temas, que “la trascendencia del acto eleccionario exige una gran transparencia que lo aleje de las prácticas demagógicas y presiones indebidas, como el clientelismo y la dádiva, que desvirtúan su profundo significado y degradan la cultura cívica”.

En otra parte del mismo documento en el que se rescata la defensa del “bien común” por encima de “los bienes particulares o sectoriales” se dice también que “su supremacía (la del bien común) sustenta y fortalece los tres poderes del Estado, cuya autonomía real y auténtica se hace imprescindible para el ejercicio de la democracia”. Hay además un pedido para “promover el verdadero federalismo, que supone el fortalecimiento institucional de las provincias, con su necesaria y justa autonomía respecto del poder central”.

Estos enunciados están en sintonía con los reclamos hechos en los últimos días por la “multisectorial” de la provincia de Santa Cruz, que encabezó el obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín. El obispo santacruceño no estuvo presente en el encuentro pero se mantuvo en contacto con sus colegas reunidos en Buenos Aires y recibió la solidaridad de sus pares a través de manifestaciones públicas del vocero de la Conferencia Episcopal, el sacerdote Jorge Oesterheld. Refiriéndose a las denuncias de “presuntos daños y amenazas” realizadas ayer en Río Gallegos por la defensa de ex ministro de Gobierno Daniel Varizat, Romanín dijo que “son cosas que irritan y crean un malestar enorme en la gente”.

El obispo, que según él mismo señaló está intentando cumplir la tarea de “facilitador” del diálogo entre todas las partes para alcanzar soluciones en Santa Cruz, dijo también que “va a llegar un momento en que la gente va a hacer justicia por mano propia y no se va a poder controlar”. Y respecto de su papel subrayó que “a mí me piden que contenga, que ponga paños fríos, pero si después tiran nafta yo no puedo hacer nada más”.

Al repetir ahora la “exhortación pastoral” aprobada por la última asamblea, los obispos de la Comisión Permanente se generaron la posibilidad de insistir tanto sobre cuestiones de principios como sobre aquellos temas que consideran de importancia, evitando la acusación de que sus afirmaciones se formularon a propósito de escenarios políticos coyunturales. El texto que ahora se reitera no se refiere en concreto a ninguna situación en particular, sino que se sitúa como una reflexión general acerca de las elecciones nacionales y está dirigido “al Pueblo de Dios y a los hombres y mujeres de buena voluntad”.

Para los obispos católicos el acto eleccionario “requiere el conocimiento de las propuestas y el pleno ejercicio de la libertad del ciudadano” y esto “compromete al que se postula, quien debe definir claramente su programa de acción política, y al que debe votar, a informarse debidamente de la probidad de los candidatos y de la dimensión de sus propuestas”. Varios son los obispos que, en público y en privado, manifiestan su preocupación porque en la campaña no hay suficiente debate de ideas y programas, quedando la disputa limitada a una rencilla entre candidatos.

En su declaración los obispos rescatan algunas cuestiones ya conocidas en su discurso. Bajo el título “la vida” piden que se la preserve “desde el momento de la concepción y cuidemos su existencia y dignidad hasta su fin natural”, usando la fórmula que la Iglesia suele utilizar para oponerse tanto al aborto como a la eutanasia. También hablan sobre la familia “fundada en el matrimonio entre varón y mujer”, fijando de esta manera su posición acerca de las uniones civiles de personas del mismo sexo. Este modelo de familia es propuesto como “célula base de la sociedad” y “primera responsable de la educación de los hijos”. Bajo el capítulo de “la inclusión” se dice que “la pobreza y la inequidad, no obstante el crecimiento económico y los esfuerzos realizados, siguen siendo problemas fundamentales”.

En otra parte del documento los obispos reclaman políticas de Estado porque “la experiencia nos ha enseñado que una sociedad no crece necesariamente cuando lo hace su economía, sino sobre todo cuando madura en su capacidad de diálogo y en su habilidad para gestar consensos que se traduzcan en políticas de Estado, que orienten hacia el proyecto común de Nación”, subrayando que “ése sigue siendo un fuerte desafío para nuestra democracia”.

Finalmente, al decir que “nuestro país sufre todavía fragmentación y enfrentamientos” que se manifiestan “tanto en la impunidad, como en desencuentros y resentimientos”, los obispos insisten en que “nos queda pendiente la deuda de la reconciliación”. Para fundamentar esto último utilizan palabras del papa Benedicto XVI, que al referirse a las condiciones para establecer “una verdadera paz” señala que éstas son “la restauración de la justicia, la reconciliación y el perdón”.