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Hugo Chávez pasó a la ofensiva. Luego del fallo del miércoles del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que asegura que no hubo golpe de Estado el 11 de abril, el presidente venezolano encabezó una caravana de autos contra el máximo tribunal durante 100 kilómetros, los que separan a la ciudad de Maracay de Valencia, ambas muy cercanas a Caracas. Desde Maracay, Chávez descargó su bronca en su programa dominical “Aló, presidente”: anunció que le pidió a la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral, de mayoría chavista) que revise el expediente de los 11 magistrados que votaron a favor de no juzgar a los cuatro oficiales acusados del golpe y que liderarán una campaña “a todo nivel, en paz y sin violencia”, para demostrar la realidad de la intentona. Esta campaña incluirá un cacerolazo en la noche de mañana y una manifestación el próximo sábado en Petare, extremo este de Caracas. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, declaró que Chávez acusará a estos militares de la extraña figura de “magnicidio intencional en grado de frustración”.
“Insto al Congreso a que de manera eficaz y rápida revise los expedientes, la actuación, los méritos y el rendimiento de estos once magistrados que tomaron esa decisión absurda y aberrante, para que prime la Constitución”, aseveró Chávez, que hoy cumple cinco años en el poder y prometió una misa “de alegría” en la Catedral de Caracas, además de vaticinar que gobernará hasta el 2021. “Tenemos que lanzar una ofensiva general para restituir la Constitución y reponer la ética”, declaró en su programa tradicional de los domingos. “Esos magistrados se mancharon para siempre, hagan lo que hagan, que asuman su responsabilidad ante la historia”, indicó al revelar que algunos de los jueces le “mandaron mensajitos” para solicitarle una audiencia a la que se negó. El gobierno venezolano ya ha dicho que contempla llevar el caso a cortes internacionales.
Pero además, según manifestó Diosdado Cabello al diario El Universal, Chávez también quiere seguir utilizando la vía judicial, aunque de otro modo. “El presidente es una víctima y puede querellarse contra esos militares imputados. Hubo magnicidio intencional en grado de frustración. Estaban esperando que yo llegara al Palacio de Miraflores el 11 de abril, y si hubiera aparecido hubiesen cometido el magnicidio”, dijo Cabello, que asumió el poder en Venezuela el 13 de abril, una vez frustrado el golpe de Carmona, antes de devolvérselo a Chávez. “Tenemos un grupo de abogados que están estudiando la acción y también los asesores de la Presidencia de la República. Otros ciudadanos que se sientan agraviados podrían también querellarse”, agregó el funcionario. Los cuatro militares en la picota son el general de división, Efraín Vásquez, ex comandante del ejército; el general de Brigada Pedro Pereira, ex jefe del Estado Mayor Unificado de las Fuerzas Armadas (Cufan); el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, ex jefe del Estado Mayor de la Armada, y el contraalmirante Daniel Comisso Urdaneta.