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Por Rosa Townsend
Desde Miami

Cualquier musulmán o ciudadano de un país de Oriente Medio será oficialmente sospechoso a partir del 11 de septiembre en EE.UU. Desde ese día, a todos los turistas musulmanes, independientemente de su nacionalidad, que lleguen a sus fronteras se les harán fotos y tomarán las huellas digitales. La elección del 11-S para implantar esta política de inmigración pretende ser una forma simbólica de conmemorar los atentados.
El secretario de Justicia, John Ashcroft, no oculta que ésa sea su intención. “Este programa ampliará sustancialmente el control de todos aquellos visitantes extranjeros que puedan presentar un riesgo elevado”, dijo Ashcroft, añadiendo que espera convertirlo en un “frente vital de defensa en la guerra contra el terrorismo”. El propósito del Programa de Seguridad en las Fronteras es, de acuerdo a Ashcroft, “corregir las vulnerabilidades del sistema de inmigración que los atentados pusieron al descubierto”. Nadie pone en duda que los atentados demostraron el alto grado de desorganización e incompetencia de los servicios de inmigración, pero los grupos de derechos civiles creen que el gobierno ha aprovechado la reorganización de ese Departamento para crear un Estado policial en las fronteras que, de paso, disuada a los musulmanes de visitar EE.UU.
En principio no hay planes para extenderlo a otros visitantes, pero una cláusula de la nueva normativa deja las puertas abiertas. Dice así: “Será también aplicable a los extranjeros que no sean inmigrantes, pero que el Departamento de Estado crea que presentan un elevado riesgo para la seguridad nacional”. El objetivo inmediato son los ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Sudán y Siria y los de otros países que encajen en el perfil descripto en la cláusula. El nivel de discrecionalidad de los agentes de inmigración en cualquier frontera será amplio.