El presidente estadounidense George Bush quiere espiar sin respaldo judicial eternamente. Ayer el mandatario pidió al Congreso la prolongación de una ley en funcionamiento que permite a las agencias de espionaje de Estados Unidos interceptar comunicaciones por seis meses a sospechosos de terrorismo sin autorización de la Justicia. Entre otras modificaciones, la Casa Blanca propone brindar inmunidad legal retroactiva a las empresas de telecomunicaciones que colaboraron con el gobierno en el espionaje electrónico sin la orden de un tribunal, informó la cadena televisiva CNN.

“Sin esas herramientas será más difícil averiguar qué hacen nuestros enemigos para entrenar, reclutar e infiltrar agentes en EE.UU.”, dijo Bush. Después de visitar la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), encargada del espionaje de las telecomunicaciones, el presidente subrayó que una extensión solamente temporal de la ley vuelve al país vulnerable a otro atentado terrorista y que por eso debería ampliarse sin plazos en el tiempo.

El pedido de Bush se debe a que los seis meses de ampliación concedidos el pasado 4 de agosto por el Congreso –dominado por los demócratas–- concluyen el próximo febrero de 2008. Frente a esto, el mandatario norteamericano cree que las leyes de espionaje están “peligrosamente caducas” y deben cambiarse.

La normativa vigente permite escuchas de llamadas telefónicas así como la interceptación de correos electrónicos de personas en Estados Unidos que se comunican con individuos en el extranjero. Para ello es necesario tan sólo que el director nacional de Inteligencia y el fiscal general aprueben las escuchas. En cambio, antes la Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros (FISA, por su sigla en inglés), que data de 1978, requería la autorización de un tribunal especial para esas escuchas. Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 el gobierno de EE.UU. puso en marcha un programa secreto para interceptar sin permiso judicial las conversaciones de personas en ese país con alguien en el extranjero, cuando la NSA sospecha que quienes dialogan pertenecen a Al Qaida o a otro grupo terrorista.

Pese a que los demócratas apoyaron la ley de la Casa Blanca, dirigentes de ese partido sostienen que los cambios promovidos por Bush van demasiado lejos y quieren introducirle reformas para impedir el espionaje indebido.