Han pasado 14 horas desde que el Consejo Político da vueltas sobre las competencias autonómicas y la organización del Congreso sin llegar a acuerdos. La noche ya se ha instalado cómoda en la Vicepresidencia de la República y la mayoría de los asambleístas ya se ha marchado. En el día de su cumpleaños, Alvaro García Linera lo ha pasado trabajando. ¿Los festejos? Para otro día, y los regalos que llegan son pasados de manera metódica por el detector de metales y revisados por expertos en explosivos. El vicepresidente luce cansado y se mantiene despierto gracias a trufas de chocolate hechas en Sucre. Aun así, en la larga conversación, evitará hablar del tema capitalidad plena por miedo a entorpecer las gestiones. Sí lo hará sobre los acuerdos sobre economía, autonomía y definición de Estado que ha alcanzado en cuatro semanas de diálogo. También lo hará sobre lo sucedido en el aeropuerto de Santa Cruz y develará que tenían información de gente armada y la posibilidad de un enfrentamiento. Además revela que hay sectores radicales que no pertenecen al MAS que están pensando en extremar sus exigencias si la Asamblea Constituyente fracasa.

–¿Cómo evalúa los acuerdos firmados en el Consejo Político?

–En uno se conjugan lo comunitario, lo estatal y lo privado, que a su vez tienen un correlato regional en el segundo acuerdo: cuando se trabaja la temática de las autonomías departamentales como desconcentración del Estado, pero a la vez con una fuerte influencia de un empresariado regional ascendente. A la vez está la autonomía indígena, que es una especie de reconocimiento político a la fuerza material comunitaria y económica. Somos un Estado unitario que engarza con todo un vínculo social de un Estado que protege, que cuida lo educativo, que redistribuye, que está presente en la economía y en la forma moderada de la distribución territorial del poder. También tenemos lo plurinacional comunitario, que es un aporte boliviano a las definiciones de Estado, quedando claramente establecido que lo plurinacional rompe con la lectura napoleónica de que toda nación tiene un Estado y aquí definimos que somos una nación con muchas naciones.

–¿No será un Estado con muchas naciones?

–Mejor, pero también una nación de naciones, donde todos tenemos un espacio común, pero también existen particularidades donde se les reconoce su historia, su aporte, su identidad y su contribución. Y también tenemos un Estado autonómico y descentralizado. Con ello, los tres grandes ejes de tensión histórica, la parte moderna, la parte comunitaria y la parte del Estado articulador de la comunidad, quedan sintetizados en la forma compleja de definir nuestro Estado.

–¿Quiere decir que los indígenas no tendrán la propiedad y la administración de los recursos naturales en sus territorios?

–No, ya no, porque eso es del Estado, donde los indígenas son copartícipes del Estado. Es por eso la importancia del debate sobre la soberanía y la presencia imperativa de los nueve millones de bolivianos en la propiedad y la gestión de los recursos naturales. No podría haberse dado eso si los indígenas se hubieran quedado encerrados en el reconocimiento de lo local.

–Si se necesita un Estado fuerte, ¿dónde está el equilibrio si además se habla de una distribución del poder?

–Quien en verdad puede conducir la realidad de la demanda autonómica es un gobierno que le haya dado mucha fuerza a la reconstrucción y potenciamiento del Estado. Hoy es el MAS el que viabiliza y devuelve a la gente el concepto de autonomía.

–Existe la impresión de que hay una posición demasiado centralista en el oficialismo y otra casi federalista en la oposición, pero en el fondo parece que ninguno de los dos bloques tiene claro qué es autonomía. ¿Cómo se puede llegar a acuerdos así?

–Aquí hay fuerzas políticas que no han venido a viabilizar la Asamblea Constituyente, sino a obstaculizar la Asamblea y están así. Pero somos pluralistas y participan en el debate. Hemos pasado días enteros escuchando argumentos, incorporándolos, para que luego no firmen. Hemos soportado eso y lo vamos a seguir haciendo. Hay fuerzas que no quieren la Asamblea dentro de este comité político. Lo que hacen es patear los temas, mezclarlos y asfixiarlos con la idea de que este Comité Político no vuelva a firmar más documentos.

–El jueves se dio una situación especial en Santa Cruz en la cual el gobierno actuó con muy poco tacto considerando el contexto cruceño. ¿No fue un exceso militarizar el aeropuerto Viru Viru?

–Soy un convencido de que autonomía es un gran proceso de desconcentración territorial del poder, pero soy un convencido de que autonomía no puede ser ni egoísmo regional del hermano rico para el hermano pobre, como por muchos quiere ser visto, ni apropiación privada de la riqueza regional, ni pretexto para corrupción. En el caso de Aasana está claro que la bandera noble de la autonomía se la ha utilizado para encubrir corrupción escandalosa.

–¿No sucedió más bien que el pueblo cruceño se sintió agredido? Tomando como contexto de la intervención las declaraciones de Hugo Chávez de convertir a Bolivia en Vietnam y la plataforma movilizadora anunciada por Carlos Romero, ¿no había mecanismos más convencionales para combatir la corrupción en Aasana?

–No. Lo que usted tiene en ese aeropuerto es una banda semidelincuencial que usaba los dineros públicos como caja chica. Esa denuncia de los 250.000 dólares que han ingresado a una cuenta privada es como para sentirse avergonzado de defender semejante barbaridad. Había personas que se acercaban al piloto para cobrarles dineros que luego metían a su propio bolsillo. Eso es el viejo far west. Así estaba el aeropuerto de Santa Cruz en los últimos dos meses. Eso tiene que parar. Se usa una toma militar, sin usar armas de fuego, sólo se usó fuerza y sorpresa en la idea de reestablecer legalidad y luego, con instituciones representativas dialogar los mecanismos de la mejor selección del directorio y autoridades para que se cierre este ciclo de corrupción y transparente las cosas.

–¿Cómo se recibe en el gobierno la determinación del prefecto Rubén Costas de prohibirle la entrada a Hugo Chávez?

–No voy a comentar esas cosas.

–¿Tampoco comentará la promesa de Chávez de convertir a Bolivia en Vietnam?

–Mucho menos.

–¿Cómo se recibe la declaración de Costas como comandante general del Departamento de Santa Cruz?

–Las extravagancias de los discursos de balcón no las voy a comentar. Lo tomo como eso, extravagancias.

–¿Desde el gobierno se percibe una exacerbación de líderes regionales enfrentados con el presidente?

–En el fondo, son luchas abiertas por el poder. Ahora hay una gran diferencia entre esto y lo que vivimos en 2003. En ese momento se confrontaban dos horizontes de país, ahora lo que se confronta es un horizonte de país, con atrincheramientos locales defensivos. Capaz eso pueda cambiar con el tiempo y esas expresiones locales puedan convertirse en un nuevo horizonte de país, pero fíjese que nadie discute el núcleo. No escucho a nadie hablar que se deben volver a privatizar los recursos naturales. Ese es un sentido común que se impuso, sean de derecha o de izquierda tenemos que hablar de eso si no uno está perdido. No veo a nadie que quiera arrinconar en un apartheid político a los indígenas. Si usted se fija en los ejes discursivos son los mismos y lo que hay es un sentido común basado en la presencia estatal, la igualdad de derechos, las autonomías y la descentralización del poder. Todo esto se enfrenta contra radicalizaciones de uno de estos ejes en el ámbito regional.

–¿Aún existe la posibilidad de una salida violenta en el país? Se habla de una plataforma movilizadora, pero según lo que se entiende de su advertencia de “nos vemos en las calles”, es que no sólo se refería a que el MAS sacará a sus movimientos sociales, sino que en la calle caben todos, oficialistas y opositores.

–Así es. La Asamblea Constituyente fue propuesta como lugar democrático de ensamblaje de intereses del país. Es un escenario conflictivo pero dialógico. Es, a su modo, el reconocimiento de las fuerzas emergentes al derecho de las fuerzas replegantes a sentarse sobre la mesa e incorporar sus derechos y puntos de vistas en el horizonte del país. Si eso se cierra, los sectores conservadores pueden decir que es un buen logro, lo cerramos; pero pueden dar lugar a que los sectores populares se radicalicen, que algunas alas ya no se planteen reconocer el derecho del otro, sino consolidar su propio interés. Eso es preocupante. No necesariamente es una confrontación bélica o una guerra civil, pero es una exacerbación de las luchas de los sectores populares. Les decía a los constituyentes cuando los reuní la primera vez que si fuera derecha, cometería un grave error al desperdiciar la Asamblea, porque ahí tengo certidumbre y opción de que me tomen en cuenta. En el otro escenario es puro correlación de fuerzas. Quizá me vaya bien como derecha, pero quizá me vaya mal. Se multiplica el ámbito de la incertidumbre y lo que necesitan los sectores empresariales es certidumbre.

–¿Existe esa posibilidad hoy?

–Los sectores de El Alto, algunos sectores indígenas del norte de Potosí se preguntan cómo cuestionar los límites de la tierra. En el Congreso y en la Asamblea podemos dialogar sobre el tema, con argumentos de una actividad productiva. En esos escenarios lo podemos entender y aprender. En otros escenarios no se entiende eso y se va a la reflexión simple: yo tengo dos hectáreas para mi familia y cómo puede ser que una vaca tenga cinco o por qué otra persona va a tener 10.000 hectáreas. En esta lógica simple se pone en duda todo.

–¿Eso quiere decir que volveremos a 1953, con toma de haciendas y violencia?

–Ojalá que no se dé eso, pero la derecha conservadora y antidemocrática, que les está cerrando los espacios a los escenarios pacíficos de resolución de estos temas, está empujando a los sectores más radicales de los movimientos sociales a pensar en una radicalización de sus planteamientos en temas de tierra y acumulación de las riquezas. Y eso no lo queremos. ¿Por qué estamos aquí, por qué le he dedicado cuatro semanas de mi vida como vicepresidente a encerrarme quince horas con los constituyentes? Por que queremos impedir que se despliegue esta ala radical, pero eso no lo están queriendo entender algunas fuerzas conservadoras.

–Si se da el peor escenario, ¿el gobierno actuará como gobierno pese a que algunas de las organizaciones que usted señala son parte del instrumento político?

–Actuaremos pacificando. Para eso somos gobierno, para hacer respetar las leyes, las normas, para garantizar la tranquilidad del país. Esa es nuestra obligación y nuestro juramento, pero se habilita un nivel de incertidumbre muy riesgoso para las propias fuerzas conservadoras que no supieron aprovechar el escenario de diálogo, de paz y de esfuerzos que la historia nos dio como generación. Ellos tendrán la responsabilidad histórica de haber asfixiado ese escenario y de haber provocado la emergencia de fuerzas sociales que cuestionarán de manera radical el latifundio, la propiedad de la tierra y las riquezas.