Un abogado militar estadounidense y veterano de docenas de tribunales secretos en Guantánamo ha hecho un ataque devastador sobre el proceso legal para determinar si los prisioneros de Guantánamo son “combatientes enemigos”. El denunciante, un mayor del ejército dentro del sistema judicial militar que Estados Unidos ha establecido en Guantánamo, describió la detención de un prisionero, un administrador de hospital de Sudan, como “desmedida”.

Su crítica será el centro de una audiencia el 5 de diciembre ante la Corte Suprema de Estados Unidos cuando se haga otro intento de cerrar la prisión. Tan nerviosa está la administración Bush por el último ataque –y otra sentencia de la Suprema Corte en su contra– que está preparando todo un sistema de tribunales militares nuevos para tratar con aquellos todavía encarcelados. El testimonio del denunciante es el ataque más serio a los tribunales militares hasta la fecha, que fueron instalados para darles un atisbo de legitimidad a las políticas de los interrogatorios y de las detenciones en la Base Naval en Guantánamo. El mayor ha tomado parte en 49 tribunales militares.

“Es un sistema de juzgados ad hoc y completamente corrupto”, dijo Michael Ratner, el presidente del Centro de Derechos Constitucionales, que está coordinando las investigaciones y los juicios de apelación contra el gobierno por parte de unos 1000 abogados. “Stalin tenía juicios fraguados, pero en Guantánamo ni siquiera son fraguados porque se llevan a cabo en secreto.” Hubo tribunales militares para 558 detenidos en Guantánamo en 2004 y 2005. Todos, salvo 30 detenidos, fueron considerados “combatientes enemigos” que pueden estar detenidos indefinidamente sin cargos. Los detenidos no eran representados por un abogado o no tenían acceso a la evidencia. El único testigo al que podían llamar era a otro “combatiente enemigo”.

El mayor del ejército ha dicho que en las pocas circunstancias en que se decidía que los detenidos no eran ya más combatientes enemigos, los altos comandantes ordenaban otro tribunal para revertir la decisión. El mayor también habló de agresividad durante un caldeado llamado telefónico por parte del almirante McGarragh, que se reporta a la Secretaría de la Marina de Estados Unidos cuando un tribunal se negó a describir a varios detenidos uighur como combatientes enemigos. Los altos comandantes militares querían saber por qué algunos tribunales, considerando la misma evidencia, llegaban a distintas conclusiones sobre los uighurs, miembros de una minoría musulmana en China.

Cuando el denunciante sugirió en el teléfono que los resultados inconsistentes eran “buenos para el sistema y demostrarían que el sistema estaba funcionando correctamente”, el almirante McGarragh, dijo, no tuvo respuesta. La última crítica surgió cuando los abogados que investigaban el caso de un administrador de hospital sudanés, Adel Hamad, que ha estado detenido durante cinco años, se toparon con una “asombrosa” declaración jurada de un miembro del tribunal militar. El oficial al que entrevistaban estaba con tanto miedo de ser objeto de represalias por parte del ejército que no permitieron que su nombre fuera usado en la declaración, ni tampoco revelar si la persona era hombre o mujer.

Otros dos abogados militares también hicieron públicas sus opiniones. En junio, el teniente coronel Matthew Díaz fue sentenciado a seis meses de prisión y fue dado de baja del ejército después de que enviara los nombres de todos los 551 hombres en la prisión a un grupo de derechos humanos. William Teesdale, un abogado británico que investigaba el caso de Hadad, dijo que estaba seguro de la inocencia de su cliente, habiendo rastreado a médicos que trabajaron con él en un hospital afgano. “Hamad es un hombre inocente, y no es el único en Guantánamo.”

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.