Desde Sucre

Al final la Asamblea Constituyente boliviana podrá volver a sesionar. La noche del miércoles, representantes del Consejo Político del cónclave lograron un acuerdo con el Comité Interinstitucional de Sucre para reinstalar las sesiones, suspendidas desde el 15 de agosto. La disputa de la sede de los poderes entre La Paz y Sucre había truncado las discusiones y después de cuatro semanas de discusiones políticas en La Paz, se consiguió que una delegación de tres asambleístas se pusieran de acuerdo con Sucre para pactar una tregua mientras se negocia con ambas provincias. Carlos Romero, del oficialista Movimiento al Socialismo; Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, y Guillermo Richter, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, fueron los encargados de redactar un acuerdo que asegura que hay condiciones para sesionar en Sucre desde el 5 de noviembre, promete resolver la disputa por los poderes antes de convocar a una sesión y logra que se detengan las acciones judiciales en contra de los asambleístas del oficialismo que quitaron el tema de los poderes de la Asamblea.

El 15 de agosto pasado, el MAS y sus aliados lograron quitar el pedido de Sucre de retorno de los poderes Ejecutivo y Legislativo a dicha ciudad por mayoría absoluta, pese a que el reglamento de la Asamblea exige dos tercios para sacar cualquier tema de discusión. Esto provocó una ola de manifestaciones en Sucre que se prolongaron por un mes y que sólo se detuvieron cuando la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca declaró ilegal la resolución de la Asamblea. Para evitar mayores conflictos, la directiva de la Constituyente decretó un receso de un mes, que se cumplió el 11 de octubre. Como el parate no había resuelto el problema, se organizó un Consejo Político que logró firmar algunos acuerdos en La Paz y destinar una comisión negociadora con Sucre.

Ahora ya se vislumbra una posible solución. La nueva Constitución creará un cuarto poder en Bolivia, el Electoral, que tendrá su sede en Sucre junto al Judicial. La Paz se quedará con el Ejecutivo y parte del Legislativo, que tendrá sus sesiones ordinarias en la ciudad del Illimani, y las extraordinarias en Sucre, que además mantiene el título de capital constitucional de Bolivia. A ello se suman otras instituciones, como el Defensor del Pueblo y la Procuraduría de la República y un par de oficinas nacionales, además de obras por 400 millones de dólares.

Todo esto deberá traducirse en acuerdos hasta la próxima semana, ya que desde el lunes la Asamblea sólo sesionará en comisiones para preparar los informes que conformarán la nueva Constitución. Los que ya se adelantaron a los hechos fueron los militantes del Movimiento al Socialismo. Ayer uno de ellos presentó oficialmente el proyecto de Carta Magna de su partido y causó un remezón en la oposición. Este documento no contempla ninguno de los acuerdos firmados por el Consejo Político, por lo que todo lo trabajado durante cuatro semanas en La Paz podría venirse abajo. Romero, uno de los jerarcas del MAS, salió a desautorizar al asambleísta que presentó el proyecto, Saúl Avalos, y aseguró que se trataba de un acto de irresponsabilidad personal. Y es que los plazos del cónclave boliviano no están para errores políticos. La nueva Constitución debe estar lista el 14 de diciembre y con tanta interrupción, la única forma de conseguirlo es a través de acuerdos políticos firmes. Y el tiempo puede no alcanzar.