Antes de que llegara la Navidad, un estruendo sacudió La Paz. No fueron fuegos artificiales, sino dinamita lo que hizo temblar el lunes la sede paceña de la Central Obrera de Bolivia (COB). Luego de un atentado reciente contra un hotel de Santa Cruz en el que suele alojarse el presidente Evo Morales, el gobierno atribuyó el ataque a una organización terrorista desconocida. En momentos en que la oposición pugna por la autonomía departamental, el diputado oficialista César Navarro en diálogo con Página/12 acusó a las autoridades derechistas de tener conocimiento sobre los grupos “racistas y antigubernamentales”. Aunque la oposición se desentendió del último atentado, la COB responsabilizó a la “derecha”, exigió al gobierno medidas inmediatas y tres de sus dirigentes se declararon en huelga de hambre.

Hasta ayer en la tarde solamente había un informe técnico sobre la explosión del lunes, informó la policía de La Paz. Si bien se desconoce a los presuntos autores, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen investigará el artefacto de alta calidad que anteayer por la mañana destruyó las ventanas de la central obrera, sin causar víctimas, en un acto que la COB consideró deliberado. “Hemos sufrido un atentado terrorista en el dormitorio del ejecutivo de la COB, Pedro Montes”, denunció el secretario sindical de Finanzas Ramiro Congori, en conversación con Página/12.

Mientras Morales insiste en dialogar con la oposición, el presunto ataque contra la central llevó al gobierno ayer a sospechar de la escalada violenta que empañó el pedido oficial de paz para las fiestas. “Estamos en presencia de una organización de carácter terrorista, ya que son atentados sucesivos con uso de explosivos y en algunos casos de armamento y eso constituye un atentado a la sociedad democrática boliviana”, dijo el ministro de Interior, Alfredo Rada.

Con el estallido del lunes son 5 los incidentes, en lo que va de diciembre, que parecen hacer blanco de los ataques tanto a movimientos sociales como al oficialismo. Este fin de semana la ola violenta llegó cerca del presidente, cuando una explosión afectó un lujoso hotel de Santa Cruz, donde días antes se había hospedado Morales. Aunque muchas denuncias apuntan contra grupos opositores, algunos líderes antioficialistas tienen versiones de que el gobierno podría estar detrás del ataque a la COB. “Nunca se sabe de dónde viene, pero para muchos fue el gobierno”, señaló a este diario el presidente derechista del comité cívico de Chuquisaca, John Caba. El dirigente cívico explicó que en La Paz, donde se produjo la última explosión, sólo tiene fuerza el oficialismo y no la oposición.

En cambio, el legislador oficialista César Navarro cree que los comités y las prefecturas tienen responsabilidad por la escalada violenta. “Hay grupos autónomos de carácter irregular, racista y antigubernamental, porque los comités y prefectos les han permitido actuar en Santa Cruz”, advirtió. Desde que el comité opositor publicó una lista de enemigos en esa ciudad, añadió, campesinos e indígenas han sido atacados. En cuanto al estallido en la central obrera, Navarro lo adjudicó a la cercanía de la COB con el gobierno.

Sin embargo, la dirigencia sindical se mostró distante del Palacio del Quemado. “Hemos recibido solidaridad de autoridades, pero eso no alcanza. El gobierno no está haciendo nada para esclarecer los atentados de diciembre”, indicó Ramiro Congori. La central cree que el ataque a su sede se debe a su enfrentamiento con la “oligarquía” y al reparto de tierras que prevé la nueva Constitución. “Cuando hace dos semanas veíamos el peligro de una guerra civil por la autonomía que quiere la media luna, hicimos una marcha de 20.000 personas para defender la lucha de los trabajadores que viene desde el 2003 y el 2005, cuando el presidente fue elegido. Esa protesta molestó a la oposición”, dijo. Haciendo explícito que la COB no se subordina al gobierno, Congori señaló que Morales cometió varios errores como la elección de prefectos –que según él favoreció a la oposición– y el llamado a la Constituyente sin el presunto consenso de trabajadores y movimientos sociales. “Esperamos que el presidente actúe y que los prefectos se sienten a la mesa con él. Queremos evitar un enfrentamiento entre bolivianos”, agregó.

Informe: Juan Manuel Barca.