La nacionalización de cinco empresas efectuada por el gobierno boliviano aún tiene con la boca abierta a detractores y seguidores del presidente Evo Morales. Las petroleras Transredes y Chaco pasaron el jueves a la administración estatal al obtener –mediante el Decreto Supremo 29541– el control mayoritario de las acciones. La empresa Andina –antes manejada por Repsol YPF– vendió sus acciones previo acuerdo. Y la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB) fue nacionalizada en su totalidad. La inversión en las tres petroleras demandará al Estado 43.137.417 dólares, provenientes de los recursos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de un fideicomiso del Tesoro General de la Nación (TGN). Con la recuperación total de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), el Estado se encargará del 68 por ciento de la telefonía de larga distancia, el 67 por ciento de la telefonía móvil y más del 90 por ciento de los servicios de Internet.

Antes de leer los decretos relacionados con las empresas petroleras, el presidente Evo Morales aclaró que Bolivia acepta “socios pero no dueños” y resaltó la predisposición de la empresa argentina y española Repsol YPF para que el gobierno les comprara 145.162 acciones –por un monto total de 6.241.966 dólares–, a 43 dólares cada acción. En las oficinas que Repsol YPF tiene en Santa Cruz ya sacaron sus letreros. Allí –a diferencia de las otras petroleras– no hay custodia policial.

El presidente de YPFB, Santos Ramírez, indicó que a la empresa Transredes el gobierno le comprará 263.429 acciones a 48 dólares cada una, con lo que totaliza un monto de 12.644.592 dólares. Y detalló que las acciones de Chaco son 167.271, a 29 dólares cada una, haciendo un total de 4.850.859 dólares.

La empresa CLHB –nacionalizada en un 100 por ciento– será adquirida por 20 millones de dólares. El gobierno boliviano pagará el 50 por ciento por las acciones y el otro 50 por ciento se lo dará a quienes le adeuda la empresa.

El Decreto Supremo 29538 garantiza el respeto del régimen laboral y social de las cuatro petroleras. Ramírez aclaró que este texto respeta antigüedad, escala salarial y todos los beneficios previstos por ley. “No tienen de qué preocuparse, si así lo quieren continuarán en sus trabajos”, aseguró.

Las críticas desde la oposición no se hicieron esperar. Samuel Doria Medina, dueño de la empresa cementera Fancesa y jefe del partido Unidad Nacional, dijo: “Estamos preocupados porque estas medidas no van a traer nada bueno para el país ni para la autonomía boliviana. El gobierno ha buscado una victoria a corto plazo por los problemas que tiene con los pedidos de autonomía del 4 de mayo en Santa Cruz”.

En 2006, tras un referéndum en el que los bolivianos dijeron “Sí” a la nacionalización de los hidrocarburos, el gobierno emitió el Decreto 28701 el 1º de mayo de ese año. Y en marzo último, Morales firmó el Decreto 29486, que estableció al 30 de abril como plazo para recuperación del 50 por ciento más una de las acciones.