El anuncio que hizo el presidente boliviano Evo Morales el jueves no fue una sorpresa, sino un paso más en una larga serie de decisiones que el gobierno y los bolivianos vienen tomando en pos de la nacionalización de los recursos naturales. Primero vino la elección popular, en la que la mayoría del pueblo apoyó a Evo y a su propuesta de nacionalizar los hidrocarburos. Después, hace dos años, el presidente firmó el decreto donde oficializaba esa nacionalización. Lo que se hizo hace dos días fue simplemente comprar las acciones que le faltaba a YPFB para tener el 50 por ciento más uno de Andina. Con ellas, el gobierno tomó finalmente el control de una empresa que había sido vilmente privatizada en los años noventa.

Hoy YPFB no puede garantizar los envíos a Brasil o Argentina porque no se hacen –mejor dicho, porque las petroleras extranjeras no hacen– las inversiones necesarias. Por eso, el gobierno decidió retomar el control operativo de las empresas. Con el decreto de 2005, la renta de los recursos naturales empezó a llegar al pueblo boliviano. Ahora, el gobierno pasará a decidir sobre la propiedad o, en otras palabras, controlará cuánto se extrae, cuánto se consume dentro del país y cuánto se vende al exterior. En este escenario, el gobierno boliviano ya adelantó que privilegiará la expansión del consumo interno, del 4 o 5 por ciento actual a un 20 por ciento.

A partir de ahora, las petroleras extranjeras quedarán como socias. Evo no las echó, pero sí les quitó el poder de decidir cuándo, cómo y cuánto invertir. Para la región esto significará que el gobierno boliviano será el único responsable por los contratos. Actualmente los acuerdos, firmados en su mayoría en los noventa, son incumplibles porque las petroleras no hicieron las inversiones que tenían que hacer. Esto no sucederá más. A corto plazo es imposible que YPFB cumpla con esas inversiones y aumente la producción para poder responder a sus socios en la región. Pero a mediano plazo, la nacionalización permitirá avanzar en la integración energética entre los países sudamericanos. El gobierno boliviano se sentará a negociar con Brasil o Argentina, sin correr el riesgo de que más tarde Repsol, British Petroleum o Shell decidan dar marcha atrás con las inversiones pautadas. Ahora será el gobierno el único responsable.

A largo plazo los beneficios pueden ser aún mayores. Bolivia podría dejar de importar nafta y optimizar su industria energética si YPFB crece y avanza. La petrolera estatal tiene ahora el timón. Sí o sí Bolivia necesitaba una nacionalización para que la estrategia energética nacional quedara en manos del Estado. Era un paso necesario, pero todavía falta mucho por hacer.

* Economista del Grupo Moreno y del Centro Cultural de la Cooperación.