Después de la caída de los partidos políticos tradicionales en octubre de 2003, nuevos actores irrumpieron en el escenario político de Bolivia. Más entrenado por el mercado que por los mítines, el gran empresario sojero de Santa Cruz, Branko Marinkovic, se convirtió en una de las principales figuras de la oposición al conquistar la presidencia del Comité Cívico cruceño en 2007. Declarado anticomunista y formado en una universidad de Estados Unidos, el outsider de look joven se dio un nuevo gusto el domingo pasado con la aprobación de la autonomía de su departamento, en un referéndum considerado ilegal por el gobierno del presidente Evo Morales. “Queremos autonomía, no la tierra comunitaria”, dijo el líder opositor en una entrevista telefónica con Página/12.

Mientras los indígenas reclaman tierras, Marinkovic tiene de sobra. La familia del empresario de origen croata es parte de un selecto grupo de terratenientes, muchos de los cuales consolidaron su poder gracias a la dictadura de Hugo Banzer. Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el clan de los Marinkovic posee más de 26.000 hectáreas de forma ilegal en la región oriental, 10.000 menos que toda la superficie de la capital cruceña. Una parte de ellas está en disputa con la comunidad de los guarayos.

–¿Cómo sigue ahora el camino autonómico en Santa Cruz?

–Es un proceso largo. Va a demorar mucho tiempo transferir las competencias (a Santa Cruz) y que el gobierno no trate de imponer su proyecto comunista, que ya fracasó en todo el mundo.

–¿La oposición busca que Morales se vaya antes?

–Ojalá que Evo cumpla su mandato. Bolivia ha cambiado muchos presidentes y necesitamos estabilidad.

–¿Se identifica con alguno de los gobiernos que tuvo Bolivia?

–Todos tuvieron errores y Evo no es la excepción.

–¿Para qué le sirve a Santa Cruz la autonomía?

–Para manejar mejor sus recursos, que el Estado centraliza cada vez más. Ese dinero le corresponde al departamento cruceño de la misma forma que Argentina tiene un sistema federal. Las nuevas competencias nos sirven para generar empleo, estabilidad jurídica y sacar al país de la pobreza.

–¿Y qué es lo que quiere la población de Santa Cruz?

–Quiere autonomía, no la tierra comunitaria. Santa Cruz es una región rica a la que el gobierno nunca le dio nada y a la que acusan de separatismo desde hace años. Hay que mirar a los países modernos, donde no hay pobreza. En España existe la autonomía. Allí hubo una guerra civil, pero no se trataba de un problema de la tierra.

–¿Por qué el prefecto Rubén Costas dijo que con la autonomía nace la segunda república?

–No, él dijo que nace una nueva república a partir del proceso que se ha puesto en marcha.

–El gobierno dice que es inconstitucional porque no tiene aval de la Corte electoral nacional ni del Congreso.

–Es legal porque respeta los procedimientos y porque la gente lo decidió con su voto masivo. El referéndum no les compete ni a la Corte nacional ni al Congreso. Y el tribunal constitucional fue descabezado por el gobierno. Dicen que los únicos que apoyamos esto somos los oligarcas y empresarios, pero no se puede sacar un millón de oligarcas a la calle. Nosotros no somos los únicos que impulsamos el referéndum, también lo hacen otros departamentos.

–El gobierno y las organizaciones sociales denunciaron que todavía existe la servidumbre en zonas de Santa Cruz.

–Nosotros estamos contra eso. El gobierno lo usa como excusa para quitarles la tierra a los ganaderos por prejuicio y convertirla en tierra comunitaria para los indígenas. Así quieren otorgarles los recursos naturales que poseen esas propiedades.

Entrevista: Juan Manuel Barca.