Con gestos afables y voz suave, el vicecanciller de Bolivia, Hugo Fernández Aráoz, lee un texto preparado por él que hilvana el actual conflicto con el pasado histórico. En el anexo del Congreso, una docena de diputados escucha atentamente al expositor de bigote y anteojos. “La creencia de la superioridad del blanco sobre el indio sigue arraigada en la rica Santa Cruz. Una región que fue beneficiada con las políticas neoliberales de los ’90 y que hoy no propone una alternativa a la del gobierno.” Tras los aplausos, Fernández Aráoz accedió a una entrevista con Páginal12. El vicecanciller había llegado a la Argentina invitado por Ruperto Godoy, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja.

–¿Cuánto se ha avanzado en las negociaciones de Evo Morales con la oposición?

–Hoy hubo una reunión del prefecto Cossío (Tarija). Esto es auspicioso y me da a pensar que el diálogo está encaminado. En una democracia la mayoría debe conducir el proceso y la minoría, subordinarse. Todo este tiempo la minoría tuvo la pretensión de utilizar su peso político como un pretexto para vetar el programa de gobierno. La oposición no tiene una propuesta alternativa, se maneja por imitación. Morales llegó a la presidencia a punta de bloqueos y ahora los opositores bloquean. Los medios de comunicación son parte del problema: no aceptan el proceso de transformación y difunden una visión sesgada de los hechos que ocurren en Bolivia. Nuestro programa incluye necesariamente la aprobación de una nueva constitución y un nuevo congreso constitucional, que es una demanda de los pueblos indígenas. Incluye también la revisión del tema de tierras y la profundización de la nacionalización de los hidrocarburos y los recursos naturales. Son aspectos no negociables y tienen que estar incluidos en cualquier pacto que se haga.

–En este pacto, ¿qué tendría que ceder el gobierno y qué la oposición?

–El todo y las partes no son comparables. La Constitución debe estar por encima y las autonomías tienen que estar incluidas y subordinadas. El pacto que se negocia se divide en tres puntos clave: el primero, el fiscal. Cómo se hace que los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se usen para los programas de los prefectos y para la renta de los ancianos; el segundo es que se compatibilicen los estatutos autonómicos con la nueva Constitución y luego ésta se plebiscite, y tercero y último, el aspecto institucional: que no se trabe más en el Congreso la nominación de magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional o de la Corte Nacional Electoral.

–Usted mencionó el tema tierras. ¿Planean una reforma agraria?

–No es una reforma agraria, sino unos programas de saneamientos de la tierra. El manejo de este recurso ha sido nocivo, hay grandes terrenos ociosos. Con la nueva Constitución se pretende limitar la posesión a 5000 hectáreas por individuo.

–¿Qué sucede con los opositores que huyeron a Brasil tras los recientes enfrentamientos en Pando? ¿Evalúan pedir la extradición?

–Para ir de Cobija a Brasil sólo hace falta pasar un puente de unos 50 metros. Tenemos el firme respaldo político del gobierno de Lula da Silva y, en caso de que demandaran formalmente asilo político o refugio, intervendría el gobierno de Bolivia. Eso va a caer por su peso.

–Si no llegara a alcanzarse un acuerdo con la oposición, ¿qué medida tomaría el gobierno?

–El departamento de Pando está bajo estado de sitio y seguirá así por 90 días; después se tiene que establecer el respeto al estado de derecho que se perdió por el mal uso del poder por parte del prefecto de Pando. En la negociación no es motivo de discusión: Leopoldo Fernández va a ser juzgado por los actos que ha cometido en su mandato como prefecto.

–¿Cómo quedan las relaciones con EE.UU. a partir de la expulsión del embajador Philip Goldberg?

–La expulsión del embajador está justificada en base a los indicios evidentes que tuvimos de su intervención e injerencia en los asuntos internos de Bolivia.

–¿Indicios o pruebas?

–La prueba es la suma de indicios. Ningún embajador es tan tonto como para dejar rastros de lo que hace. Probablemente está en la política exterior de EE.UU. con América latina; no hay ningún proceso progresista que pueda contar con el apoyo de Washington. Esa actitud ha requerido que Bolivia, en defensa de sí misma, haya pedido la salida de Goldberg. No lo hemos expulsado por tener contactos con la oposición, hemos visto y aceptado que los tenga, no aceptamos que intervenga en la política boliviana.

–¿Cómo intervino? ¿Financiando?

–Al no condenar hechos condenables y al opinar. Cuando un ciudadano falta a la investidura del presidente al visitar a alguien condenable por sus hechos, eso se interpreta como una conducta reprochable. No es el libreto el que nos preocupa, sino la puesta en escena. La puesta en escena es opositora al gobierno.

–¿La Justicia boliviana está trabando la extradición de (el ex presidente) Sánchez de Lozada desde Estados Unidos?

–Podríamos decir que no ha sido todo lo diligente que se espera. No es solamente en este caso. En Bolivia ha habido una renovación del Poder Legislativo con la asunción de Morales en 2005, pero el poder más rezagado es el Judicial. Es el caso de Sánchez de Lozada, como el de Leopoldo Fernández, y otros casos de violencia donde el Poder Judicial no hizo su tarea, que es enjuiciar a los que impunemente violan las leyes.