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Ni una nueva Ley de Radiodifusión ni mucho menos un nuevo orden democratizador integral de la comunicación podrán concretarse si todo queda en manos de especialistas y funcionarios. Los hechos y los dichos parecen indicar que es el Comfer el órgano de gobierno más dispuesto a impulsar la reforma o la sustitución de la actual Ley de Radiodifusión, herencia de la dictadura a la que todos los gobiernos constitucionales recurrieron, por conveniencias propias y ajenas, imposibilidades o temores.

Sin embargo, es evidente que la decisión y las energías empleadas en ese sentido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante los momentos más álgidos del conflicto con las patronales del agro –abiertamente sostenidas por el complejo corporativo mediático– han menguado e ingresado en una etapa de sigilo y negociaciones, algunas de las cuales no pueden ser disimuladas.

No es menos evidente que ésta o cualquier administración que aborde con seriedad un programa de democratización mediática deberá confrontar con fuerzas tan o más poderosas que las nucleadas en torno del cartel de la soja, comandado por la FAA, la Sociedad Rural Argentina y organizaciones afines.

Conviene recordar que los principales grupos mediáticos –con Clarín a la cabeza– se foguearon en sus artes de “negociación” en tiempos de autoritarismo y dictaduras, y que, con el correr de los años globalizadores, supieron tejer sin cansancio ni desmayos una compleja trama de intereses corporativos con los sectores más concentrados de la economía local, gimnasia esa que les permitió obtener una efectiva patente de corso a la hora de influir sobre los más diversos ámbitos públicos y privados.

Con una experiencia de más de tres años en investigaciones sobre escenarios locales y latinoamericanos, el Observatorio de Medios de Argentina, unidad docente y de investigación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, pudo constatar que los comportamientos de los oligopolios mediáticos responden a una misma matriz, desde México hasta Tierra del Fuego.

Se basan en el bombardeo simbólico contra toda política pública que comprometa sus intereses corporativos, asociados con los actores más concentrados del sistema financiero, económico y comercial. Para ello, actúan como verdaderos productores y reproductores se sentidos de clase o grupo convertidos en valores universales.

Los informes que oportunamente produjera el Observatorio sobre las coberturas de algunos de los principales medios gráficos al conflicto entre el Estado nacional y el cartel de la soja, sobre el tratamiento que esos mismos diarios le dieron al tema Ley de Radiodifusión y sobre la gramática de construcción noticiosa e informativa utilizada por el canal Todo Noticias (TN), todos confirmaron la tendencia referida en el párrafo anterior.

Sin embargo, y para no abundar en temas que ya fueron abordados desde las páginas de esta sección, es probable que sea conveniente detenerse en un punto de particular significado y que, en sí mismo, contiene un principio fundamental: si entendemos que la comunicación es un servicio público es dable destacar que el actor principal –el factor fundamental– del complejo y dialéctico proceso comunicacional es el sujeto colectivo integrado por todas y todos los ciudadanos-individuos que conforman la sociedad, los destinatarios primeros y últimos del derecho a estar informados e informar.

En ese sentido, puede resultar ilegítimo e inconveniente por ineficaz, desde el punto de vista de la construcción de ciudadanía plenamente democrática, considerar que la discusión sobre la necesidad de modificar el marco jurídico de la radiodifusión en nuestro país se agota con el debate entre la llamada comunidad de la comunicación, por amplio que éste sea. Ese debate debe ampliar sus márgenes hacia escuelas, colegios, universidades, organizaciones sociales y de consumidores, centros vecinales y sindicatos, entre otras instancias.

El de la comunicación social no es un tema que sólo involucra a comunicadores, académicos, políticos y funcionarios. Toda la diversidad que encierra nuestra sociedad tiene algo que decir al respecto y para ello debe saber de qué se trata.

Por último, otro punto que puede se crucial. Aun en medio de la incertidumbre sobre cuál será finalmente el contenido de la nueva Ley de Radiodifusión, el gobierno nacional parece encaminado a decidir acerca del sistema de televisión digital.

Quedamos así ubicados ante un escenario en el que miles de millones de dólares están en juego, precisamente entre los actores corporativos más concentrados de nuestro país, entre ellos los grupos mediáticos y las telefónicas, por sólo citar algunos.

No vaya a ser que la probable nueva ley quede sólo en una formalidad o vaciada de contenido ante el vértigo de las innovaciones tecnológicas, administradas una vez más en favor de los intereses empresarios. Por todo lo expresado hasta aquí sería bueno que el pueblo supiese de qué se trata.

* Profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.