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Según la Asamblea de Pueblo Guaraní, en la estancia Itacuatía hay 30 familias guaraníes en servidumbre. La comunidad cautiva es como un gran corral en medio del latifundio. Si los animales de granja salen de sus límites, los hombres del patrón se toman la molestia de matarlos. Por su ubicación en medio del proyecto de Territorios Comunitarios de Origen, Itacuatía es considerada el corazón de Alto Parapetí. Aquí debía comenzar el 13 de abril una asamblea nacional del pueblo Guaraní para dar inicio al saneamiento. Pero la emboscada que sufrieron 300 guaraníes y funcionarios del Viceministerio de Tierras en el Municipio de Cuevo, al sur del territorio, diluyó el plan. Más de siete meses después, con una Bolivia distinta, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, se desplaza por las 157 mil hectáreas para “sentar soberanía” y monitorear el trabajo de los técnicos del INRA. Aquí dialogó con Página/12.

–En abril, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) intentó tomar el hotel donde usted se hospedaba en Camiri. En ese momento, ingresar a Alto Parapetí era imposible para el Estado. ¿Cómo pudo vencer la resistencia?

–Esto es posible por las nuevas condiciones locales y nacionales. Desde abril a la fecha sucedió algo muy importante. Es la derrota de la oligarquía separatista. Fue una derrota rápida y gradual, que empezó en mayo con el referéndum por el estatuto autonómico cruceño. Mientras nuestros adversarios hacían alarde de su triunfo, nosotros celebramos la victoria de este proceso revolucionario. Si la mitad del electorado no votó siguiendo una consigna del gobierno nacional, quería decir que el proyecto de la autonomía departamental no contaba con apoyo mayoritario. Tampoco podíamos negar que una gran parte votó por el Sí, un Sí con el que se intentó conducir a Santa Cruz al punto de la separación de Bolivia. Por su lado, la oposición decidió ejercer, de hecho, los estatutos autonómicos, que significó un suicidio político. Quedó demostrado en septiembre, cuando en el oriente saquearon, quemaron instituciones del Estado nacional y cometieron hechos grotescos de vandalismo. Entonces ganaron las pandillas que habían contratado los cívicos y los prefectos. A esos días habría que reconocerlos como los días en que la fuerza del movimiento cívico radicó en las pandillas. También sus resultados radicaron en las pandillas. Así llegamos a este momento, en que el proceso agrario no tiene ya resistencia. Aquí en el Chaco, por ejemplo, la gran mayoría de los pequeños productores y propietarios no indígenas ahora están convencidos de que su dirigencia les mintió. Uno a uno pudimos informarles de que el saneamiento les va a dar seguridad jurídica. Quienes producen sin explotar a otras personas obtendrán seguridad y no perderán ni un milímetro de su tierra. Pero a quienes tengan, aunque sea una persona en servidumbre, se les desconocerá su derecho propietario.

–El presidente del Tribunal Agrario, Luis Alberto Arratia, consideró desmedido el accionar del INRA para ingresar a Alto Parapetí.

–Es frustrante la actitud dilatoria y negligente de la Justicia, particularmente del Tribunal Agrario. El trabajo del INRA concluirá en dos meses y enviaremos los resultados a la Justicia. Por experiencia entendemos que allí la causa estará paralizada quizás por años. Además, es muy probable que varios hacendados impugnen este proceso. Por ello, con un carácter excepcional y de emergencia, el Gobierno va a adquirir un par de haciendas para que tengan dónde vivir aquellos guaraníes que sufrieron desplazamiento de haciendas donde estaban en servidumbre o que padecieron represalias de ganaderos violentos.

–¿Las modificaciones que hizo el Congreso al proyecto de nueva Constitución en el capítulo sobre tierras beneficiaron a los hacendados?

–Al contrario, con las modificaciones al texto constitucional, los hacendados han visto la inevitabilidad de este proceso. Nadie en su sano juicio puede dudar de que el 25 de enero la nueva Constitución será aprobada por una abrumadora mayoría. Se consolidará, así, el marco institucional de la reforma agraria, de la redistribución de tierras que no se usan o donde se conculcan derechos humanos. Los terratenientes no aceptan este proceso con tranquilidad sino con resignación, porque los saneamientos se harán en todo el país, también aquí en Chaco, bastión inexpugnable de la hacienda, se saneará hasta el último milímetro.

–El 25 de enero la población podrá elegir el límite de hectáreas que puede poseer una persona: cinco mil o 10 mil. ¿Se recortarán las propiedades?

–El límite de la propiedad no se toca con retroactividad. Eso es irrelevante. Los límites importantes se establecerán a futuro, como carácter democratizador para el acceso a la tierra, pero no como una medida antilatifundiaria. Para terminar con el latifundio, la nueva Constitución fija los mecanismos legales. Y establece, por ejemplo, que quienes se valgan de la servidumbre para producir perderán sus propiedades. Esas personas, que durante meses se opusieron violentamente al cumplimiento de la ley, tienen que entender que en Bolivia hay Estado, ley y Ejército para hacerla cumplir.