EL MUNDO › ACUERDO PARA EL SUPERMINISTERIO

Sale la ley de Bush

George W. Bush exigió ayer al Senado que aprobara antes de Navidad la ley de creación del Departamento de Seguridad Interior, un “superministerio”
antiterrorista con 170.000 funcionarios que descansa en la Cámara alta desde junio, por la oposición demócrata. No se sabe si fue la dureza de su pedido –”ustedes deben cumplir sus obligaciones”, dijo Bush– o si es el efecto del triunfo republicano de la semana pasada en las legislativas, pero en todo caso surtió efecto: tres influyentes senadores demócratas cedieron y decidieron apoyar la creación del superministerio, de manera que no habrá que esperar a que asuma el nuevo Congreso de mayoría republicana para que Bush tenga una de las cosas que más quería.
Los demócratas mantendrán la mayoría en el Senado durante unas semanas, hasta que se incorpore el republicano Jim Talent, de Missouri. Pero Bush consideró que los electores expresaron en las urnas su voluntad de que cesara el “obstruccionismo” demócrata y proclamó que la creación del “superministerio” era “la tarea más importante” que debía acometer el Congreso saliente. Los senadores demócratas John Breaux (Louisiana), Ben Nelson (Nebraska) y Lincoln Chafee (Rhode Island), cedieron y el aspecto más cuestionado respecto al nuevo Departamento, que es la precarización laboral a la que serán sometidos sus miembros, pasará a ser historia.
La Cámara de Representantes ya había aprobado en julio el proyecto de ley presentado por la Casa Blanca. Pero los demócratas en el Senado mantuvieron en suspenso la aprobación por el respeto a los derechos laborales de los funcionarios. Bush, fortalecido por los resultados de las elecciones, anunció que no aceptaría que se le negara la opción de suspender los derechos laborales “en caso de emergencia nacional”. La Casa Blanca presentó a los senadores una propuesta de compromiso por el cual los sindicatos podrían mantener una cierta capacidad de decisión en lo referente a la movilidad de los funcionarios, pero renunciarían a la negociación colectiva y cederían al gobierno la decisión final sobre salarios si no hubiera acuerdo tras un mes de mediación federal. Se supone que el nuevo Departamento estará aprobado en cuestión de días, mucho antes de que asuma el nuevo Congreso en enero.

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