Una semana después del comienzo de este juicio, Baltasar Garzón tendrá que volver al mismo lugar para el inicio de otro proceso por prevaricato, por haber investigado crímenes cometidos por el franquismo. La causa está impulsada por asociaciones de extrema derecha, que lo acusan de haberse declarado competente para investigar los crímenes cometidos por el franquismo durante la Guerra Civil Española (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975). En ninguno de los dos procesos, éste y el de las pinchaduras telefónicas a funcionarios del PP, existe acusación por parte de la Fiscalía. Además, Garzón está imputado en una tercera causa por haber recibido dinero del Banco Santander para financiar cursos que dio en 2005 y 2006 en la Universidad de Nueva York, a cambio de que el juez archivara una querella contra el presidente de esa institución crediticia, Pedro Botín. El Tribunal Superior decidió archivar una demanda presentada contra él en noviembre, al considerar que el supuesto delito de cohecho estaba prescripto. Los procesamientos de Garzón fueron interpretados por un sector de la izquierda española como un intento de apartar de la judicatura a un magistrado progresista.