Un grupo armado disparó ayer en El Cairo contra un convoy policial que trasladaba a 612 presos islamistas hacia la cárcel de Abu Zabal, en el norte de la capital. Aunque las fuerzas de seguridad impidieron la huida de los detenidos, al menos 38 presos fueron asesinados en el tiroteo. Según manifestaron fuentes de seguridad a la televisión estatal y a la agencia oficial Mena, los detenidos perdieron la vida durante los choques entre los policías que los custodiaban y el grupo armado que intentó liberarlos. Según la agencia Mena, durante este ataque un oficial de policía fue secuestrado por los islamistas, aunque poco después habría sido puesto en libertad y trasladado a un hospital.

Los reos fueron detenidos por los disturbios del viernes en la cairota plaza de Ramsés, donde hubo enfrentamientos entre islamistas y policías y un violento ataque contra una comisaría. El Partido Libertad y Justicia, brazo político de los Hermanos Musulmanes, calificó la muerte de los detenidos de “masacre sangrienta terrible”. La tensión en Egipto se disparó el miércoles, cuando las fuerzas de seguridad desmantelaron dos acampadas de islamistas en El Cairo.

La Hermandad Musulmana canceló sus llamados a protestar ayer contra el golpe de Estado en Egipto por temor a una nueva represión masiva, luego de que el gobierno de facto reforzara la presencia militar y policial en el centro de la capital. Al mismo tiempo que el movimiento islamista cancelaba las protestas, el gobierno de facto, controlado por Abdel Fatah al Sisi, jefe del Ejército, defendía en su cuenta de Twitter el golpe de Estado que encabezó. “En el ejército y en la policía no somos traicioneros, no complotamos ni traicionamos. Nosotros advertimos sobre el resultado de un conflicto político”, escribió el jefe del Ejército que después del golpe se convirtió además en ministro de Defensa y primer viceprimer ministro. El general golpista sostuvo que el ejército no tiene intención de tomar el poder, ya que el honor de proteger la voluntad del pueblo es mucho más importante que gobernar.

Sin embargo, en los últimos días las cifras de muertos, heridos, detenidos y acusados crecen y se acumulan, tras casi un mes y medio de gobierno de facto. Según datos difundidos ayer por la televisión estatal, el desalojo de la mezquita de Al Fatah, que se había convertido en refugio para cientos de islamistas tras el tendal de muertos de esta semana, dejó 385 personas detenidas.

Al mismo tiempo, el gobierno de facto informó que otros 56 dirigentes de la Hermandad Musulmana fueron arrestados en varias provincias del país y que 404 manifestantes islamistas que habían sido detenidos tras la represión en la mezquita de Al Fatah, en El Cairo, fueron formalmente acusados de homicidio.

El argumento de las autoridades militares es que están luchando contra terroristas que intentan presentarse ante la opinión pública mundial como víctimas. Como prueba de ello, el gobierno mostró videos en los que se ve a manifestantes disparando contra fuerzas de seguridad y edificios. La Unión Europea (UE) es un importante proveedor de armas a Egipto, aunque se ubica detrás de Estados Unidos y Rusia, según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).

En 2011 Egipto recibió armas por valor de unos 400 millones de euros (unos 533 millones de dólares), tres cuartas partes de las cuales proceden de Rusia. Las cifras varían mucho año a año: en 2012 las ventas totales a Egipto fueron estimadas por el Sipri en sólo 170 millones de euros.

El informe oficial más actual de la UE señala que se aprobaron licencias para la exportación de armas y equipos militares a Egipto por valor de 303 millones de euros. La mayor parte de ese dinero (102 millones, aproximadamente) se destinó a aviones que son fabricados principalmente por España y Francia. El bloque europeo aprobó en 1998 un código de conducta para la exportación de armas en el que se establece una serie de regulaciones, como la prohibición de vender municiones de guerra “cuando existe un claro peligro de que puedan usarse para la represión interna” o cuando en el país de destino existan violaciones a los derechos humanos.