Si hay algo que puede vaciar de contenido un proyecto democrático es la combinación entre abstencionismo electoral y el rechazo de los partidos políticos. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en Chile a partir del triunfo de Michelle Bachelet, en un comicio en el cual quien verdaderamente arrasó fue el abstencionismo, que arañó el 59 por ciento del padrón electoral, mientras que Bachelet apenas obtuvo el apoyo de un 25 por ciento. No hace falta ser un Premio Nobel de Ciencia Política (plaga por ahora inexistente) para concluir que la democracia chilena enfrenta una grave crisis de legitimidad: la indiferencia ciudadana expresa el triunfo de la antipolítica. Esta, a su vez, se explica por un hecho bien sencillo: una democracia que durante más de veinte años se desinteresó por la suerte de la ciudadanía (al paso que se desvivía por asegurar las ganancias de los capitalistas) cosechó al cabo de un tiempo sólo apatía, desinterés y, en algunos casos, el repudio de amplios sectores de la sociedad. No sorprende que la última encuesta de Latinobarómetro certifique que, interrogada sobre cuál es la forma preferible de gobierno, casi un tercio de la muestra entrevistada en Chile declarase preferir un gobierno autoritario o que “le da lo mismo” cualquier clase de régimen político. En Venezuela, en cambio, para tomar el caso de un gobierno ferozmente atacado por la prensa hegemónica en la región a causa de sus supuestos “déficit democráticos”, quienes contestan eso mismo constituyen apenas el 11 por ciento. Y como asegura la teoría política, la calidad de una democracia se mide, entre otras cosas, por las creencias políticas de sus ciudadanos. No es éste el único indicador en el cual Venezuela supera a casi todos los países de la región, comenzando por Chile. El triunfo del neoliberalismo y la exaltación de los valores mercantiles se traduce naturalmente en la derrota de la política a manos del mercado. A lo anterior súmese la preocupante declaración que hiciera Bachelet al día siguiente de su victoria cuando dijera (tal como lo reprodujera Página/12 en el día de ayer) que “las decisiones las voy a tomar yo, no sólo del gabinete. La coalición que me apoya es una cosa, la constitución del gobierno yo la voy a decidir”. En otras palabras: apatía ciudadana combinada con la desmovilización o marginación de los partidos políticos, que son la expresión de las aspiraciones, expectativas e intereses de las clases y capas sociales que componen la sociedad chilena. ¿Creerá la futura presidenta que de ese modo podrá avanzar en las reformas de la antidemocrática Constitución pinochetista, del régimen tributario y de la educación, para ni hablar de la decimonónica legislación laboral que todavía subsiste en Chile? Sin una población repolitizada (como supo ser la del Chile de Salvador Allende) y sin partidos políticos que canalicen y potencien las aspiraciones populares, la democracia chilena continuará siendo fácil presa de las clases dominantes, de los grandes empresarios que desde dentro y fuera de Chile han venido controlando el Estado desde el golpe del 11 de septiembre de 1973.

Convendría que Bachelet reflexionara sobre lo que más de una vez dijera George Soros: “Los ciudadanos votan cada dos años; los mercados votan todos los días”. Controlar ese nefasto influjo cotidiano de los mercados –eufemismo para no designar al gran capital por su nombre– será una misión imposible sin sortear la trampa de la “antipolítica” y sin garantizar que los partidos, sobre todo los de izquierda, jueguen un papel protagónico en su gobierno. De lo contrario, el tránsito desde una democracia sin ciudadanos hacia una plutocracia desenfrenada será inevitable.

* Director del PLED, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.