La reforma del sistema de seguridad pública es la necesidad más urgente a treinta años de la recuperación de la democracia, entre el cúmulo de logros y deudas de estas tres décadas en lo que respecta a los derechos humanos, eje central del nuevo informe elaborado por el Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Las fuerzas de seguridad se depurarán con la sanción de normativas que apunten a la seguridad democrática y la participación activa de la ciudadanía”, señaló en ese sentido el jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, durante su exposición en la presentación del informe correspondiente a 2013, de la que también participaron el periodista y presidente del organismo, Horacio Verbitsky; el diputado nacional por la UCR Ricardo Alfonsín, el ministro de la Corte Suprema Enrique Petracchi y Sofía Tiscornia, integrante de la comisión directiva del CELS.

El informe difundido oficialmente ayer, el número 18 que elaboró el CELS sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el país, tiene en esta ocasión un motivo especial: los 30 años de la democracia. Su rol de introductor de la mesa de presentación del documento anual le sirvió a Verbitsky para destacar la importancia de los intervinientes y las asistencias al evento, pero sobre todo para anclar el mensaje: a modo de exposición, leyó el Acuerdo para una Política de Seguridad Democrática, documento que diversas organizaciones sociales, de derechos humanos, referentes de la política, gremios y personalidades académicas elaboraron, sellaron y presentaron en diciembre de 2009. En esos párrafos, el presidente del CELS contextualizó una respuesta posible a los acuartelamientos de algunas policías provinciales, las protestas y los saqueos sucedidos la primera semana de diciembre, que demostraron que las instituciones responsables de la seguridad del país aún no están plenamente adecuadas al estado de derecho. También remarcó que la problemática “no es de un partido, sino que es general” y destacó la coincidencia de los espacios políticos frente a esos hechos, “una reacción que no fue lo suficientemente difundida por los medios de comunicación”.

Además de llevar los saludos de la Presidenta, Capitanich se explayó acerca de la necesidad de reformar las políticas de seguridad y las instituciones que las implementan. “Es imprescindible, en algunas provincias argentinas, una profunda depuración de las fuerzas con una ley de seguridad democrática”, abogó el jefe de Gabinete, tras reiterar su análisis sobre los hechos de los primeros días de diciembre: “Hay que analizarlos como modus operandi asociados a procesos de desestabilización” que sucedieron “casualmente durante los festejos de los 30 años de la democracia” y que apuntaron a generar “temor y zozobra entre la población” y “caos en las cuentas fiscales de las provincias”. “Nada es casual”, remarcó.

Capitanich, quien fue presentado por Verbitsky como el primer gobernador –durante su gestión en Chaco– que no sólo puso en marcha el acuerdo por una seguridad democrática, sino que también ordenó la conformación de un Comité de Prevención de la Tortura enfocado en la violencia institucional, planteó que “más democracia significa más reforma en el sistema de seguridad pública”. “Hoy tenemos una oportunidad extraordinaria porque existe en nuestra presidenta la convicción de que hay que realizar estos cambios”, concluyó.

Sofía Tiscornia, quien integra la comisión directiva del CELS y fue una de las creadoras del primer programa del organismo dedicado exclusivamente a la violencia institucional, recordó a su turno que el CELS “antes como ahora ha pensado en estos temas”, en referencia a la seguridad pública –recordó un informe elaborado en 1998, titulado “Inseguridad policial”– y a la violencia institucional, temas que “no siempre fue sencillo relacionar a los derechos humanos”. “En ese informe se anticipaba algo que hoy se debate: que eso que llamamos inseguridad y está tan ligado al control y manejo de los mercados ilegales tiene sus raíces en el autogobierno de las policías, en la venia de los Tribunales, en el manejo del poder penitenciario y en la complicidad o negligencia de grupos políticos”. Por último, abogó por la participación ciudadana, a la que nombró como “responsabilidad”. “No se trata de pensar sistemas integrales o de copiar modelos que funcionan en otras sociedades: hay que conocer las burocracias policiales, tribunalicias y penitenciarias, trabajar con quienes resisten y apoyan la vida democrática desde dentro de ellas”, insistió.

Alfonsín y Petracchi se dedicaron, en el marco de la presentación, a destacar los “logros” en el campo de los derechos humanos de la transición democrática llevada a cabo por el gobierno de Raúl Alfonsín. “Hubo logros durante la transición democrática de Alfonsín que resultaron las bases para los avances en derechos humanos que se obtuvieron luego”, consideró el hijo del ex presidente y atribuyó a ese gobierno un “cambio cultural”, a través del Juicio a las Juntas: “Nos permitió reconocernos como sociedad, ver todo el horror que habíamos permitido”. Alfonsín insistió en la contextualización de cada medida tomada –exigió que se analicen de esa manera también las insurrecciones policiales de este diciembre– y sentenció que con el Juicio a las Juntas “se terminó con 170 años de impunidad en la historia del país”.