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“No se puede estar de acuerdo con el continuismo de la política económica, con las políticas sociales asistenciales y la timidez de la política ambiental de este gobierno.” Estas son las palabras del primer diputado petista que, a raíz de la actual crisis por las denuncias de corrupción, decidió dejar el partido. André Costa fue claro en sus razones: “Ya el distanciamiento del gobierno con los programas históricos del partido decepcionaba, pero la cuestión ética ha sido definitiva”. Un claro ejemplo de esta cuestión ética es la auditoría que el Congreso comenzó sobre las finanzas del último Foro Social Mundial que se realizó en Porto Alegre el año pasado y que fue presentado por el gobierno de Inácio Lula da Silva como un icono de su compromiso y su identidad social. La Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) de los Correos sospecha que habría sido la empresa de publicidad del hipercuestionado Marcos Valerio la que habría cubierto aquellos gastos que se excedieron del presupuestos, es decir, unos 838 mil dólares. Están buscando este dinero en los registros de las ONG que organizaron el quinto Foro. La semana pasada encontraron documentos de empresas subcontratadas por la compañía de Valerio que les habría pagado con sobreprecios o por servicios que no fueron realizados. La revista brasileña Istoé publicó el domingo pasado dos nuevas denuncias, una que involucra directamente al líder del Partido Progresista (PP), el diputado José Janene, en el pago de las “mensualidades”, y otra que demuestra que tres fondos de pensión estatales se vieron obligados a comprarle al Citibank su paquete de acciones de Brasil Telecom con un sobreprecio del 240 por ciento.