Luego de la avalancha de votos obtenida el domingo, uno de los huesos más duros de roer para el gobierno de la izquierda indígena serán las petroleras extranjeras afincadas en el país y agrupadas en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), que consideran que la ley que regula el negocio –aprobada en mayo de 2005 en medio de fuertes convulsiones sociales– es “confiscatoria”, y reconocen, por boca de su vocero, Carlos Alberto López, que dejaron de invertir. Por otro lado, los proyectos energéticos en marcha –como el gasoducto en estudio Caracas-Buenos Aires-presionan a Bolivia a definir los lineamientos de su política de hidrocarburos. La inestabilidad institucional reciente dejó al país andino fuera de juego en el terreno de la integración energética.
La política petrolera fue la manzana de la discordia desde 2003. En su primera gestión, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) aprobó los “contratos del riesgo compartido”, que mantenían la propiedad estatal de los hidrocarburos en el subsuelo pero “en boca de pozo”, es decir, al salir a la superficie, pasaban a manos de las empresas, con derecho a su “libre comercialización”. La bomba estalló en octubre de 2003, cuando el mandatario neoliberal intentó exportar gas a Estados Unidos y México por puertos chilenos, país que en la guerra del Pacífico se apropió del litoral marítimo boliviano. Cuando parecía desactivada, la cuestión hidrocarburífera volvió a expandir sus esquirlas sobre la administración de Carlos Mesa. En julio de 2004, el presidente había consultado la cuestión a los bolivianos mediante un referéndum. El resultado del plebiscito dio origen a una nueva norma que recuperaba el control estatal de los energéticos en boca de pozo y subía la combinación de impuestos y regalías al 50 por ciento. Pero Mesa se negó luego a promulgar la nueva ley –bajo presión de las petroleras–, lo que marcó el inicio del fin de su dubitativa gestión.
Los problemas surgen cuando se trata de virar hacia nuevos contratos que se adecuen a la fórmula descripta por Morales: “Socios pero no dueños”, ya que las empresas alegan que las obligaciones –firmadas por 40 años– están protegidas por acuerdos de protección de inversiones, lo que les permitiría recurrir a tribunales arbitrales. Para el MAS, los contratos “son nulos” porque no fueron refrendados por el Congreso, como establecen las leyes vigentes. El gobierno de transición de Eduardo Rodríguez Veltzé no logró destrabar esta cuestión –el plazo de migración era de 180 días desde mayo de 2005– y Evo va a recibir la bomba de tiempo sin desactivar, junto con la presión de los movimientos sociales que reclaman la “nacionalización” como una respuesta ante los constantes saqueos de los recursos naturales a manos de empresas extranjeras, y como la “última oportunidad” de salir del pantano de pobreza e injusticia que define a esta nación andina.
Si los contratos petroleros ponen en cuestión la relación del Estado boliviano con las empresas privadas, los cultivos de coca introducen elementos geopolíticos que marcarán el ritmo de la relación Bolivia-Estados Unidos. “Causachun coca-wañuchun yanquis” (viva la coca, fuera los yanquis) terminó Morales su discurso pronunciado tras la aplastante victoria sobre la derecha. La secretaria de Estado norteamericana, Condoleeza Rice, saludó fríamente al líder campesino y advirtió que su país “observará su conducta”. Y dentro de la conducta estará, sin duda, la actitud del nuevo gobierno frente a esa hoja verde, pequeña y de sabor amargo cuyo acullico (masticado) forma parte de la vida cotidiana de este país andino. En la época de la colonia, la Iglesia la declaró una “hoja diabólica” hasta que los españoles se dieron cuenta de que los mineros que la consumían rendían más y comían menos y la prohibición fue levantada. Hoy, la embajada norteamericana y la derecha local sostienen, a coro, que “toda la coca del Chapare va al narcotráfico”. Morales responde que Estados Unidos “controle la demanda y el lavado de dinero en bancos estadounidenses”.
El MAS reclama un estudio que establezca qué cantidades requiere el mercado legal, tanto interno como el de exportación al norte argentino. El presidente electo –acusado por el Departamento de Estado norteamericano de “agitador de la coca ilegal”– reclama también una recuperación de la “diplomacia de la coca” desarrollada durante la gestión de Jaime Paz Zamora (1989-1993), tendiente a flexibilizar el carácter de “sustancia controlada” que esta planta ancestral tiene según la Convención de Viena, y que dificulta la exportación de subproductos como cremas, mates o medicamentos naturales. La coca tiene entre tres y cuatro cosechas anuales, que la vuelve mucho más rentable que los productos alternativos, de bajo valor y corrientemente sin mercados. Según un informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), el cultivo de coca en Bolivia aumentó de 23.600 a 27.700 hectáreas entre 2003 y 2004.
La ley en vigencia considera que 12 mil hectáreas son suficientes para abastecer la demanda legal y divide zonas “tradicionales” y “excedentarias” (sujetas a erradicación); éstas últimas se encuentran en el Chapare, cuna del MAS de Evo Morales. Los intentos de erradicación y de “coca cero” dieron lugar a decenas de muertos y heridos. Un acuerdo entre los cocaleros y la administración de Carlos Mesa legalizó 2300 hectáreas en el Chapare. El líder cocalero señaló que mantendrá este acuerdo hasta que se haga el estudio sobre consumo legal, que será financiado por la Unión Europea. Y denunció que el tema de la coca es una “excusa del imperio” para justificar la injerencia en el continente. El primer presidente cocalero del mundo lo coloca automáticamente en el “eje del mal”. “La coca parió nuestro instrumento político de liberación”, aseguró Morales. Queda por verse la reacción del “imperio”. Por el momento es de gélida espera.