A más de cincuenta años de la primera reforma agraria boliviana, el presidente Evo Morales se dispone a terminar lo empezado. El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, anunció que el gobierno buscará abolir los latifundios improductivos, especialmente en los departamentos del oriente del país, Santa Cruz, Pando, Beni y la zona del Chaco. A través de una ley y de un paquete de decretos, se redistribuirán las tierras que no cumplan el objetivo económico-social contemplado en la Constitución Nacional y, además, solucionará la escasez y fragmentación de las tierras en el altiplano y en los valles incorporándolos dentro del sistema de propiedad colectiva y redistribuyendo las tierras fiscales.

La reforma agraria de 1953 redistribuyó las tierras del altiplano y de los valles a propietarios comunitarios, sin tocar sin embargo la zona oriental del país, que comenzó a quedar en manos de grandes propietarios que utilizaron métodos irregulares y poco claros para ir acumulando sus extensiones. Esto llevó a que cuarenta años después, Bolivia estuviera primera entre los países del continente americano con mayor concentración de tierras. Según estableció el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que actualmente realiza una auditoría de tierras en Santa Cruz, esta región está dominada por grandes terratenientes brasileños, que adquirieron sus cientos de hectáreas de formas poco claras. En Brasil, este dato no fue ignorado y la prensa local ya comenzó a cuestionar la futura expropiación a sus conciudadanos.

“Es una nueva reforma agraria la que se va a hacer, pero lo que está claro es que se trata de una transformación lo suficientemente profunda como para cambiar las estructuras socioeconómicas e institucionales del agro”, explicó ayer Almaraz al diario boliviano La Prensa. El viceministro también reconoció que esta reforma, que costará unos 20 millones de dólares –provenientes de un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y de la cooperación danesa–, provocará una “resistencia” entre algunos sectores, aunque destacó que el gobierno no dudará en hacer uso de la fuerza pública.

Finalmente, el viceministro de Tierras explicó que el objetivo es abolir los dos tipos de latifundio que actualmente existen en el país. En primer lugar, las grandes extensiones de tierra, adquiridas en gran parte durante períodos dictatoriales, que son ociosas, es decir, que no cumplen el objetivo económico-social que estipula la Constitución Nacional y por el cual ésta los protege. En segundo lugar, se encuentran las llamadas “tierras de engorde”. Estos latifundios fueron adquiridos por medios irregulares y, lo más importante, son utilizados con fines especulativos, tanto para obtener créditos bancarios como para revender parte de las tierras. Es con este segundo tipo, explica Almaraz, que se han enriquecido las personas que en los últimos años han venido dominando el Congreso e influyendo sobre la política del país.