Quienes trabajaron durante todo el fin de semana en revisar parte de los 1844 legajos de presos políticos de la dictadura que se encontraron el viernes en la Unidad 9 de La Plata todavía estaban consternados. Muchas de las fichas divididas bajo la clasificación de “subversivo”, “judío”, “menor”, “expulsado del país” y “en depósito” llevan las firmas de los represores Ramón Camps y Miguel Etchecolatz. Pero los legajos –que eran parte de la trama burocrática del Servicio Penitenciario Bonaerense– también muestran las conexiones de todo el sistema represivo montado durante la implementación del terrorismo de Estado: la procedencia de los presos desde centros clandestinos de detención, la negación a responder los hábeas corpus presentados ante la Justicia y los vínculos con los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Ayer, en un acto en La Plata, Felipe Solá hizo público el hallazgo y entregó simbólicamente sus legajos a un grupo de ex detenidos en ese penal bonaerense. En la extensa lista figuran desde el canciller Jorge Taiana hasta Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices.

Funcionarios de la Secretaría provincial de Derechos Humanos buscaban el viernes en la U9 de La Plata el libro donde se asentaban los castigos que se aplicaban a los presos políticos, como parte de la causa judicial por la que el juez federal Manuel Blanco ordenó la detención de 16 miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense que participaron en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”, 14 de los cuales ya están presos. Pero se encontraron con pilas de legajos que llevaban el sello de “subversivo”. En total, 1844 expedientes de prisioneros políticos que pasaron por allí desde el ’76 al ’82.

El hallazgo –que adelantó Página/12– fue anunciado oficialmente ayer por el propio Felipe Solá en el Salón Dorado de la gobernación bonaerense. Junto al ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, y el secretario de Derechos Humanos, Edgardo Binstock (luego se sumó el ministro de Seguridad, Carlos Arslanian), y frente a una platea de funcionarios y representantes de organismos de Derechos Humanos, Solá entregó las fichas de la U9 a un grupo de ex detenidos.

Emocionados, recibieron el legajo penitenciario el ahora diputado nacional Carlos Kunkel; el ex dirigente de la JP Dante Gullo; Hugo Colaone; Julio César Mogordoy, Ernesto Villanueva, el ex sacerdote Patrick Norman (ver aparte); Gustavo Ratandi, y la esposa del dirigente peronista Ricardo “Lobito” Rodríguez Saá (asesinado en los primeros años del regreso democrático) que no pudo evitar romper en llanto. Los más de 1800 legajos –que todavía no han sido analizados en su totalidad– también incluyen al canciller Taiana; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Félix Schuster; al fallecido diputado socialista Alfredo Bravo, y Pablo Díaz, sobreviviente de la llamada Noche de los Lápices”, cuya foto en la ficha lo muestra totalmente desfigurado por los golpes mientras estuvo secuestrado.

“A mí me toca proteger e impulsar la investigación sobre el pasado, abriendo las puertas que hay que abrir como sea, estando atento a cualquier posibilidad de echarle tierra a algún aspecto del pasado que pudiera tocar la vida de alguien que quedó en el Estado, no en el gobierno. Es decir, no siendo ingenuo”, dijo Solá para mostrar que está dispuesto a llevar adelante la investigación que ayer continuaba con la pesquisa en el penal de Sierra Chica. El gobernador destacó el trabajo conjunto y la colaboración que prestaron los ministros Arslanian y Di Rocco al trabajo que encabeza Binstock; reivindicó la purga y la modificación en la Bonaerense y el SPB, además del cambio implementado en la formación profesional de sus integrantes. Aunque aclaró que el cambio de mentalidad de los penitenciarios llevará más tiempo de lo esperado.

Un detallado informe sobre el contenido de apenas 100 de los 1844 archivos encontrados en la U9 muestra el entrelazamiento del SPI con el sistema de represión ilegal montado por la dictadura. Desde “el blanqueo” de los detenidos que provenían de los centros clandestinos hasta la información que los penitenciarios brindaban a los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, pasando por la participación de distintas provincias y dependencias militares. Datos que pueden ayudar a descifrar lazos y participantes en las distintas causas abiertas por crímenes de lesa humanidad.

Las carátulas de las fichas llevaban el rótulo de “subversivo”, muchas veces con las fotos de los detenidos, donde se detallaban clasificaciones como “detenido especial”, “común”, “régimen de internación común”, “extranjero”, “judío”, “menor”, “en depósito”, y en muy pocos casos el de “penado procesado”. También si estaba a disposición del PEN, “órganos judiciales” o del “consejo de guerra”. Las fichas de “antecedentes del detenido subversivo” incluían “datos personales”, “familiares”, y “de personas de su amistad”. Pero a partir de 1980, la planilla cambió su denominación por la de “antecedentes de detenido a disposición del PEN” y se eliminó el ítem que recopilaba datos sobre los amigos de los detenidos.

En los legajos consta, en muchos casos, que el único motivo de la detención fue encontrarle en su poder alguna revista política o bandera partidaria. Pero también la crueldad de la condiciones a las que eran sometidos los presos políticos: la aplicación de castigos por jugar al ajedrez, comer bombones o permanecer de pie y en silencio como si se estuviera “rindiendo homenaje a algún compañero caído”, o negarle las cartas familiares y hasta los dibujos con que sus hijos pretendían infundirles ánimo para sobrevivir en la cárcel.