La Justicia estadounidense inició en 2006 procesos contra una treintena de soldados sospechosos de violaciones a los derechos humanos de civiles iraquíes, crímenes que en algunos casos podrían ser castigados con la pena de muerte. El jueves, cuatro marines acusados de haber matado a sangre fría a 24 hombres, mujeres y niños en noviembre de 2005 en la localidad iraquí de Haditha, en represalia luego de la muerte de un camarada, fueron procesados por asesinato por una corte marcial en la base militar de Camp Pendleton, California.

La acusación no retuvo la premeditación y renunció de ese modo a obtener la pena capital contra los cuatro hombres, y sobre todo contra el sargento Frank Wuterich, de 26 años, sospechoso de haber matado a doce personas y ordenado otros seis asesinatos. Los fiscales a cargo de otros casos también renunciaron a la pena de muerte, excepto en dos casos: Steven Green y Paul Cortez, acusados de haber violado y matado a una adolescente luego de la masacre de su familia en marzo en Mahmudiya.

El primero, expulsado del ejército, es demandado ante un juez federal de Kentucky. El segundo, miembro de la prestigiosa división aerotransportada, debe comparecer ante una corte marcial. Otros tres soldados están implicados en este caso. Uno de ellos se declaró culpable y fue condenado en noviembre a cadena perpetua, la sentencia más severa pronunciada hasta ahora contra un soldado estadounidense en Irak.

La ola anterior de juicios, en el marco del escándalo de las torturas infligidas a prisioneros iraquíes en Abu Ghraib, llevó a la condena de una decena de personas a penas que iban desde la expulsión de las fuerzas armadas hasta diez años de cárcel. Al igual que la fotos de Abu Ghraib, varios meses pasaron antes de que los dramas de Haditha y de Mahmudiya salieran a la luz. En Haditha, el ejército había anunciado la muerte de 15 civiles con la explosión de una bomba artesanal, antes de que la revista Time presentara en marzo otra versión, a partir de un video que mostraba cadáveres visiblemente muertos de bala y no a causa de una explosión. En este caso, cuatro marines serán procesados por no haber suministrado un informe exacto de los acontecimientos.

En Mahmudiya, la masacre fue al principio atribuida a insurgentes iraquíes. Pero tres meses más tarde, cuando dos soldados de la misma compañía fueron secuestrados, torturados y asesinados, el ejército organizó un “informe sobre el estrés en el combate” y se soltaron las lenguas. Al margen de esos dos dramas, otros cuatro soldados de la 101 división aerotransportada son demandados por haber matado a tres prisioneros iraquíes en mayo durante un operativo en el norte de Bagdad. Pueden llegar a ser condenados a cadena perpetua.

En Camp Pendleton, ocho soldados son demandados por la muerte de un civil iraquí en abril en Hamdania, maquillada enseguida en una operación contra un insurgente. Cuatro de ellos fueron condenados a penas de 12 a 21 meses de prisión, y otros cuatro serán juzgados el año próximo. Otros seis marines, acusados de haber agredido a civiles iraquíes en la misma ciudad quince días antes, serán juzgados próximamente.

Las condenas a muerte de militares son poco frecuentes en Estados Unidos. En este momento hay nueve detenidos en el corredor de la muerte del ejército, pero la última ejecución se remonta a 1961. El ejército de Estados Unidos no ha ejecutado a ningún soldado durante la guerra de Vietnam, según el Centro de información sobre la pena de muerte.