La coca boliviana quiere ser legal y para ello será industrializada en las dos regiones en las que se producen. El jueves pasado, Venezuela hizo oficial el crédito de 250.000 dólares para la instalación de una planta procesadora de hojas que será instalada en Chapare. En realidad, en diciembre pasado ya se iniciaron las obras del edificio que albergará a esta empresa comunitaria y será la primera de cuatro procesadoras similares que se instalarán en Chapare y Yungas. El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, admitió que el proceso de industrialización está mucho más avanzado en Chapare (cuna política del presidente, Evo Morales) que en Yungas. Sin embargo, están realizando las gestiones para acelerar el proceso, ya que tienen asegurados los fondos venezolanos para el proceso de industrialización. Como lo anunció el canciller David Choquehuanca, cuando las cuatro plantas entren en funcionamiento, deberán absorber la producción anual de 4 mil de las 8 mil hectáreas de coca legalizadas en noviembre pasado por el presidente Morales. A ello se le deberá sumar un ambicioso programa de erradicación voluntaria que desea eliminar 8 mil hectáreas en 2007. Con ello, Bolivia se quedará con las 20 mil hectáreas que Morales pretende preservar como legales. A esto se suma una campaña al interior de la Asamblea Constituyente para declarar la coca patrimonio nacional, pero no a través de una ley, sino en la nueva Carta Magna. Esta política no es compartida por Estados Unidos, que recortó la ayuda para la lucha contra el narcotráfico en un 40 por ciento, aunque el embajador Philip Goldberg aclaró que el monto quitado a la interdicción fue redistribuido en otros programas.