La crisis institucional de Ecuador se instaló en Bogotá. Seis de los 57 diputados destituidos pidieron ayer amparo y protección jurídica en la capital colombiana. Otros diez habrían cruzado la frontera el martes a la noche y estarían en camino a unirse con sus compañeros en la capital.

Dicen ser perseguidos políticos y víctimas de supuestas agresiones del gobierno de Rafael Correa. La decisión de los legisladores fue provocada por la orden de detención que dictó una juez federal ecuatoriana el martes a la noche contra 24 de los diputados opositores destituidos. Los acusa de sedición y de querer usurpar funciones públicas. Después de ser removidos de sus bancas a principios de marzo pasado, los dirigentes opositores intentaron varias veces ingresar al Congreso y recuperar sus cargos. La última vez que quisieron entrar al edificio fue el martes, después que el Tribunal Constitucional calificó de ilegal la destitución. “En Ecuador estamos al borde de la intercepción jurídica. Los jueces naturales que han resuelto a nuestro favor han sido destituidos y procesados penalmente. Ayer la fiscal pidió nuestra prisión preventiva por haber cometido el delito político de sedición,” aseguró Luis Fernando Torres, uno de los diputados socialcristianos que ayer se refugió en Bogotá. “La idea es estar reunidos, en Bogotá, unos 22 colegas para rechazar el grave atropello que estamos viviendo”, dijo Gloria Gallardo, una de las diputadas del Prian que también está siendo buscada por la Justicia de Quito. Lo que todavía no estaba claro es si los seis legisladores ecuatorianos –y los que se sumen en las próximas horas– pedirán asilarse en Colombia o si demandarán algún tipo de protección jurídica mientras se resuelve la crisis institucional del país vecino. Quito, en tanto, no se opuso a la salida del país de los opositores pero destacó que no necesitan protección del gobierno ecuatoriano. “El gobierno no está persiguiendo absolutamente a nadie; el gobierno está fuera de la pugna entre los poderes”, aseguró la vocera del gobierno Mónica Chuji. El propio presidente Correa había señalado el martes por la noche que la detención de los legisladores era una medida un poco excesiva.