“El 25 de marzo los fondos van a estar depositados en el Banco Nación”, dijo ayer en una rueda de prensa el gobernador santacruceño, Daniel Peralta. Se refería, claro, a parte de los 521 millones de dólares que Santa Cruz cobró en 1993 –cuando era gobernador Néstor Kirchner– al ganarle al Estado nacional un juicio por regalías petroleras mal liquidadas, una cuestión que movilizó siempre a la oposición al kirchnerismo tanto a nivel provincial como nacional. Para el oficialismo no se trata de una repatriación de esos fondos, sino de un pase del Banco de Santa Cruz al Banco de la Nación.

Si se tratara de una simple transferencia bancaria no debería levantar tantas olas. La oposición sostiene que el dinero estaba depositado en Suiza. Y en parte es así, pero se trata de una interpretación sobre las formas. Originalmente, la mayor parte del dinero estaba depositado en Crédit Suisse y desde 2006 se creó un fondo fiduciario administrado por el Banco de Santa Cruz, que mantuvo los depósitos en Suiza. Es decir que para el oficialismo el dinero estaba en el Banco de Santa Cruz, que lo administraba a su criterio siempre y cuando le garantizara una rentabilidad mínima establecida por contrato. Y el criterio del Banco de Santa Cruz era mantenerlo en Suiza. Para la oposición, los fondos, sencillamente, seguían estando en Suiza.

Cuando ayer Peralta hizo el anuncio ante un grupo de periodistas en Gobernador Gregores, ya no estaba allí la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que poco antes había presidido un acto por la inauguración de una mina de plata que procesa el metal sin cianuro. La Presidenta no quiso quedar atada a un tema que en el Gobierno consideran “estrictamente provincial”. Sin embargo, Peralta aseguró que “la decisión del gobierno de Santa Cruz ha sido compartida por el ex presidente (Néstor) Kirchner, que ha sabido utilizar muy bien esos fondos, así como por la actual Presidenta de la Nación, Cristina Fernández”.

En 2005 Kirchner repatrió 89 millones y en 2006 “otros 150 millones más que se utilizaron para comprar Boden que daban un 9 por ciento de interés anual”, según contó en su momento el ex gobernador Sergio Acevedo. Ese mismo año el gobierno provincial “modificó la estrategia, se creó un fondo fiduciario, donde la provincia es la fiduciante y el banco administra los fondos; esos fondos están en activos”, también según Acevedo.

La última extracción del dinero fue el año pasado, según afirmó Peralta, para poder pagar los aumentos salariales a los empleados públicos y a los docentes. “No se sabe con exactitud la cantidad de dinero que hay”, dijo Peralta. Pero se estima que el Banco de Santa Cruz tiene depositados en Suiza unos 390 millones de dólares que pasarían al Banco Nación el martes.

El gobernador señaló que no podía dar más detalles “porque dependerá de la ingeniería financiera que nos ofrezca el banco”. Y luego aclaró: “No hablamos de repatriación. Es cambiar la administración por el fideicomiso del Banco de la Provincia de Santa Cruz, pero estarán depositados en forma íntegra. Se trata de bonos, papeles y dólares”.

Los famosos fondos de Santa Cruz fueron un estandarte de la oposición desde el comienzo mismo de la presidencia de Kirchner. Y él solía enervarse ante estas críticas. “Yo los puse a resguardo, aunque los podría haber gastado como las provincias de Tierra del Fuego y Chubut, Neuquén y Mendoza, que también recibieron las regalías petroleras, y a los gobernadores de esas provincias nunca les preguntaron qué hicieron con esos fondos”, dijo en una de las contadas veces que se refirió al tema.

La controversia fue creciendo cuando Kirchner junto a Acevedo anunciaron la repatriación del dinero, que en rigor fue sólo de una parte. El resto pasó al Banco de Santa Cruz durante la gobernación de Carlos Sancho, a través del mencionado fideicomiso. Pero la polémica dejó el terreno de la política para pasar al judicial. El fiscal de instrucción de Río Gallegos, Andrés Vivanco, pidió el 19 de febrero pasado la citación a indagatoria de Kirchner y los gobernadores que lo sucedieron, Acevedo, Héctor Icazuriaga y Sancho, por “aplicación indebida de caudales públicos, peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público”. La semana pasada, el juez Santiago Losada desestimó el pedido. Pero en el Gobierno vieron un trasfondo político en el pedido del fiscal y creyeron que era tiempo de darle un corte definitivo al tema, depositándolo finalmente en el Banco Nación.