Tiene la piel de la cara floja, un rasgo propio de sus 72 años. Su pelo, extrañamente, exhibe pocas canas. Se lo ve algo encorvado pero se desplaza con cierta destreza escoltado por un círculo de uniformados. A él, que alguna vez fue un subcomisario “estrella” de la custodia de José López Rega, esta vez, aunque con más de treinta años de demora, le tocaba estar del otro lado. Esposado. Con camisa celeste y un pesado chaleco antibalas que se puso por obligación. Así se lo veía a Rodolfo Eduardo Almirón ayer a la mañana, cuando llegó extraditado desde España, acusado de al menos una decena de homicidios y secuestros cometidos por la organización terrorista Triple A, durante el gobierno de Isabel Perón. El paso del tiempo no impedirá juzgarlo, tal como resolvió esta semana la Cámara Federal, pero difícilmente vuelva atrás el deterioro físico que describe un informe del Cuerpo Médico Forense que lo examinó al llegar, según el cual, “no se encuentra en condiciones de prestar declaración indagatoria en los estrados judiciales”.

Por ahora, Almirón estará en el hospital del penal de Marcos Paz y el jueves de la semana que viene le harán otro estudio forense. Los peritos estiman poco probable que el resultado del chequeo se modifique. En el primer informe describieron un cuadro de deterioro psíquico y psiquiátrico y un largo historial de cardiopatías.

Almirón está acusado de haber integrado una asociación ilícita que mataba, secuestraba y amedrentaba, y que por lo menos lo hizo entre 1973 y 1976, aunque su accionar tuvo continuidad durante la dictadura. El ex subcomisario ladero de López Rega había sido denunciado en 1975 junto con otros jerarcas de la banda y tenía un pedido de captura pendiente desde 1984. Nadie lo recordaba, hasta que una investigación periodística española ubicó al represor a fines de 2006 en un pueblito de Valencia. A partir del hallazgo, el juez federal Norberto Oyarbide pidió su extradición para juzgarlo. También solicitó la de la viuda de Perón, que está pendiente.

Pese a las cartas que envió su esposa, Ana María Gil Calvo –que se quedó en el viejo continente–, a los jueces y la empresa Aerolíneas Argentinas, alertando que el precario estado de salud de su marido podía matarlo en el vuelo a Buenos Aires, Almirón llegó ayer a la madrugada sin grandes alteraciones físicas, a pesar de haber estado un día varado en Brasil. Un informe del Ministerio del Interior español había detallado un largo listado de patologías del imputado: desde “alteraciones de la memoria” y “ligera desorientación temporal” hasta una “inestabilidad en la deambulación” que ayer no se advirtió.

El juez Oyarbide ordenó que a su arribo lo revisara el Cuerpo Médico Forense. Y así ocurrió. Lo llevaron al Palacio de Tribunales, donde fue captado por las cámaras de televisión: se lo vio arquear las cejas y alternar miradas al piso.

El informe forense está dividido en una parte psquiátrica y otra cardiológica. Por empezar, señala que Almirón presenta un “síndrome psicorgánico” y un déficit psíquico global “con afectación neurocognitiva secundaria”. Sugiere que, “luego de un tiempo prudencial de recuperación del cuadro de fatiga”, propio de un viaje largo, el acusado ex subcomisario sea enviado para “profundizar el estudio psicológico y psicotécnico” y electroencefálico. Por lo pronto, afirma el reporte que lleva la firma del perito Juan Carlos Verdún, “no se encuentra en condiciones de prestar declaración en los estrados judiciales”.

El capítulo sobre su estado cardíaco explica que, ante las preguntas del forense, Almirón dijo tener antecedentes de hipertensión arterial y que tuvo hace algunos años un episodio de disnea y arritmia. El parte español en manos de Oyarbide habla de varios infartos. Al momento de esta revisión, dice el documento, no tenía signos de “insuficiencia cardíaca”. Según un electrocardiograma que le practicaron, tiene “secuelas de necrosis y fibrosis inferior sobre carga ventricular izquierda”. También le hicieron un ecodopler que arrojó “insuficiencia valvular aórtica leve”. Estos resultados los firma el médico Mariano Fassi.

Con este panorama es improbable que el hombre pueda declarar. Podría terminar con una declaración de incapacidad, como ocurrió con el represor Emilio Massera en las causas por los crímenes de la última dictadura. En este caso, es probable que lo recluyan en una institución psiquiátrica o alguna similar. Mientras tanto, su residencia es la cárcel de Marcos Paz.