Mendoza finalmente tendrá un protocolo para la atención de los abortos no punibles en los hospitales públicos. El ministro de Salud de la provincia, Sergio Saracco, confirmó ayer a Página/12 que un equipo de profesionales está trabajando en la redacción de una resolución que fije el procedimiento, a cuya firma se había comprometido su antecesor en el cargo, pero terminó archivándola. En La Pampa el panorama es otro: si la Legislatura no revierte antes del 11 de abril el veto del gobernador Oscar Mario Jorge a la ley que reglamentó los abortos no punibles, será el Superior Tribunal de la provincia el que tendrá que pronunciarse sobre su validez: organizaciones de mujeres con el asesoramiento legal del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez pedirán que el veto se declare inconstitucional. Y si la Corte pampeana rechaza el planteo, el caso será llevado a la Corte Suprema de la Nación, que deberá expedirse por primera vez sobre el aborto.

La necesidad de establecer protocolos de atención de los casos de aborto no punible previstos en el Código Penal quedó dramáticamente en evidencia en los últimos años cuando tres jovencitas con discapacidad mental que fueron violadas y quedaron embarazadas tuvieron que llegar a las cortes provinciales –de Buenos Aires, Mendoza y Entre Ríos–, en tortuosos trámites, para lograr una interrupción de embarazo en el sector público. En el camino, debieron enfrentar fuertes obstáculos de médicos y funcionarios judiciales.

El Código Penal, en su artículo 86 inciso 1º y 2º, contempla dos excepciones a la penalización del aborto: cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo proviene de una violación o del atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental.

Algunas jurisdicciones ya fijaron protocolos de atención para estas excepciones a través de resoluciones del Ministerio de Salud, como la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. En Rosario se aprobó una ordenanza del Concejo Deliberante. El ex ministro de Salud de Mendoza Armando Caletti había dado su palabra de que firmaría una reglamentación antes de finalizar su gestión, en diciembre, pero no cumplió. Su sucesor en el cargo, tras el cambio de gobernador, confirmó ayer a Página/12 que la resolución que fijará el camino que se debe seguir en el sector público para la atención de los abortos no punibles en Mendoza finalmente saldrá en pocas semanas. “Hay una decisión política de sacar este protocolo”, aseguró Saracco. Este diario pudo saber que sectores conservadores están presionando al gobierno para cajonear la resolución, que tiene dictamen favorable de la Asesoría Letrada del Ministerio de Salud provincial. Este tipo de protocolos busca evitar que se judicialicen los casos y que las mujeres tengan que pedir una autorización en los tribunales para gozar de un derecho.

La Pampa enfrenta otro panorama. A fines de noviembre se convirtió en la primera provincia en sancionar por ley una reglamentación. Pero en una de sus primeras medidas como gobernador y haciéndose eco del reclamo de la jerarquía católica local, el peronista Oscar Mario Jorge vetó la ley al considerarla “anticonstitucional”.

El veto quedará firme el 11 de abril si la Legislatura no vuelve a aprobar la ley con dos tercios de los votos. “Sería lamentable que La Pampa pierda la oportunidad de garantizar un derecho de las mujeres, cuando hubo una clara voluntad política del cuerpo legislativo de protegerlo”, comentó el diputado socialista Adrián Peppino, impulsor de la iniciativa, que tuvo un apoyo mayoritario: recibió 18 votos a favor –de todas las bancadas– y solo 5 en contra.

La ley vetada debe tratarse en la Comisión de Legislación Social y Salud Pública, que preside la diputada justicialista Sandra Fonseca, esposa del destituido intendente de Santa Rosa Juan Carlos Tierno. Pero desde que se iniciaron las sesiones ordinarias, la comisión no se reunió nunca. Para revertir el veto son necesarios 17 votos. En el bloque del Frente Pampeano Cívico, que integran el socialismo y la UCR, apoyarían la ratificación de la ley 9 de sus 10 integrantes. También lo haría el único diputado del ARI, que la votó en noviembre. En el PJ habría cuatro votos seguros de los legisladores que lo apoyaron originalmente (Jorge Feliú, Patricia Lavin, Roberto Robledo y Blanca Alegre), pero el resto no estarían garantizados.

Organizaciones de mujeres y sociales nucleadas en el Foro Pampeano “No al Veto” se reunieron en los últimos días con el vicegobernador, Luis Campo, para pedirle que se revea la medida. También visitaron el bloque justicialista: las recibieron 12 de sus 15 miembros. “Nos dijeron que van a escuchar a las dos campanas”, comentó a este diario María Laura Iglesias, integrante de una ONG. La otra campana es –fundamentalmente– el obispo de Santa Rosa, Rinaldo Fidel Bredice, que el mismo día de la sanción de la ley salió a repudiarla, a pedir que la vetaran y a tildarla de “inconstitucional”.

Si la Legislatura no da vuelta el veto, el Foro recurrirá al Superior Tribunal con una “acción declarativa de inconstitucionalidad”. “El veto viola derechos garantizados en tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional”, argumentó el constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez, que patrocinará la presentación. Gil Domínguez es profesor de la Universidad Nacional de La Pampa y de la UBA. “Lo que hizo La Pampa, como también lo hicieron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y la provincia de Buenos Aires, es establecer un procedimiento para que se efectivice lo que dice el Código Penal”, fundamentó Gil Domínguez.

“No estamos dispuestas a perder ese derecho”, asegura Iglesias, desde el Foro Pampeano “No al Veto.”