Si apostaban a que el paso del tiempo solucionara sus problemas con la Justicia, las grandes exportadoras de granos podrían llevarse una sorpresa. El juez Alejandro Catania, uno de los más nuevos en el fuero penal económico, decidió reactivar una causa en la que cinco de esas empresas están acusadas de haber recibido reintegros “indebidos” de IVA a fines de los noventa. Los investigadores sospechan que compraban su mercadería eludiendo impuestos, la exportaban y después reclamaban el reembolso de los tributos. Para cobrar, invocaban operaciones con proveedores que resultaron ser truchos, clonados de sociedades reales que estaban excluidas del régimen de retenciones en el Impuesto al Valor Agregado.

La denuncia que originó la investigación data de diciembre de 2001 y la hizo la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), que señaló un perjuicio al Estado por un total que ascendía al menos a 3.463.782 pesos/dólares porque el IVA, de hecho, jamás llegó al fisco. La causa involucra a Cargill, Productos Sudamericanos, Dreyfus, Alfred Toepfer Internacional, Oleaginosa Oeste y a un grupo de intermediarios y sociedades dudosas. La presentación judicial hablaba de la posible existencia de una “organización” donde unos con otros actuaban en connivencia.

La maniobra, al parecer, era así: las cerealeras declaraban y cobraban los reintegros de IVA que supuestamente le habían abonado a un proveedor, pero resulta que ese proveedor no existía sino que era “mellizo” de uno real y que, así, el impuesto nunca desembarcaba en las arcas del Estado.

Según analizó la Ufitco, había dos “finalidades” y “etapas delictivas”. La primera consistía en la “duplicación de proveedores” que gozaban del “beneficio de la exclusión en el régimen de retenciones en el Impuesto al Valor Agregado”. Esas empresas mellizas “falsificaron y utilizaron documentación” para “operar a nombre de terceros” y obtener ventajas impositivas. La segunda se basaba en la simulación de operaciones de esos proveedores clonados con las exportadoras de granos, que luego lograban “la obtención fraudulenta de reintegros de tributos ilegítimos”. En este punto, el de la compra de mercadería, actuaban intermediarios.

La primera presentación que hicieron los sabuesos junto con la AFIP, que es querellante, comprometía sólo a Cargill en el cobro de reintegros correspondientes a 1998 y 1999, que causaron un perjuicio al fisco calculado en 1.012.860,09 pesos. Tiempo después, descubrieron que otras compañías de granos habrían utilizado una operatoria calcada en el mismo período. Más aún: “los proveedores mellizos y los corredores intervinientes” eran “los mismos”, afirmaba la Ufitco. Por cada empresa, se estimó el daño fiscal: 1.256.569,11 pesos (Productos Sudamericanos); 397.164,23 pesos (Louis Dreyfus y Cía); 678.281,41 pesos (Alfred C.Toepfer International); 118.907,64 pesos (Oleaginosa Oeste).

Un clásico laberinto

El principal delito que se investiga es el de apropiación indebida de subsidios, que prevé entre tres años y medio y nueve años de cárcel. Es una calificación grave y con bajas chances de excarcelación para los involucrados.

El juez original de la causa fue Carlos Liporace, quien renunció en abril de 2006 en medio de un juicio político en el que estaba acusado de irregularidades en varias investigaciones, entre ellas la de las narcovalijas de Southern Winds. Pese a que la causa sobre Cargill y compañía llevaba cinco años en su despacho, había avanzado poco y nada. Una medida del juez Marcelo Aguinsky –que actuó como subrogante mientras Liporace lidiaba con su enjuiciamiento– interrumpió la prescripción del expediente, que iba camino a morir por el paso de los años.

Aguinsky ordenó llamados a indagatoria de los directivos de las exportadoras de cereal involucradas. Algunos fueron sobreseídos (una medida difícil de revertir) y otros, como los de Cargill, Oleaginosa Oeste y Productos Sudamericanos, quedaron con falta de mérito, situación que sí podría cambiar. Pero al margen de este grupo, al día de hoy, hay más de veinte imputados, entre exportadores e intermediarios.

Algunos de los corredores que actuaron en las operaciones cuestionadas por la Ufitco fueron Héctor Celso Calza, Orsetti López S.A., Cortina Beruatto SA, Juan Carlos Cazzaniga, Capdevielle Kay & Cía, Mercado Interno, Poggio Cereales, Bantle Culasso e Intergranos. Las personas y empresas duplicadas: Agropiro, Cosechar en Argentina, Pilaga, Sebastián Tibaldo, Norberto Griotti, entre otros.

Al grano

El nuevo juez del caso, Alejandro Catania, asumió a fines de abril tras haber concursado para el cargo. Encontró varias causas paralizadas, entre ellas la de las cerealeras. En principio, según pudo saber Página/12, el juzgado está ahora con la lupa en dos cuestiones básicas:

- Los detalles del circuito de los pagos para determinar quiénes eran los personajes y empresas que actuaban en coordinación, como una organización delictiva propiamente dicha. Según funcionarios con acceso al expediente, aún se debe determinar quién creó y manejó a las empresas mellizas. Las grandes empresas implicadas culpan a los intermediarios de haberlas envuelto en un engaño.

- Además, dispuso certificar algo elemental, que nunca se había hecho en la causa: qué exportaciones se concretaron y desde dónde salieron. Al parecer, un número importante de embarques salió de Rosario.

Las nuevas medidas pueden servir para dar, en efecto, nuevo impulso al expediente. Pero si, por ejemplo, se determinara que todas las exportaciones salieron de Rosario, la investigación podría terminar siendo enviada (después de seis años) a la Justicia de esa ciudad. Entretanto, también hay viejos planteos pendientes en la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, que están a estudio de los jueces.

Ya en un comienzo, el órgano investigador sostenía que había múltiples datos que mostraban que las cerealeras cuanto menos “conocían la procedencia ilegítima” de los impuestos que reclamaban. Varias de ellas aparecían comprando en forma simultánea a un proveedor verdadero y también a su mellizo. En el caso de las empresas duplicadas se descubrió que la documentación había sido groseramente falsificada –para operar a nombre de otros y abrir cuentas bancarias, entre otras cosas– a punto tal que en algunos casos se presentaban copias de un mismo documento de identidad con distintas fotos. Esos papeles se hallaron en poder de las exportadoras. Otras situaciones detectadas pusieron a la vista, por ejemplo, que tres productores mellizos tenían un mismo domicilio o una misma cuenta para el depósito de IVA.

Ahora la Justicia se encamina a definir quién es quién en este rompecabezas del negocio de las empresas que dominan la exportación de granos.