La Justicia de La Plata procesó a Jaime Smart por su rol durante la última dictadura como ministro de Justicia de Buenos Aires. Se trata del primer civil procesado en el marco de las causas de delitos de lesa humanidad. El juez Arnaldo Corazza lo detuvo el 7 de mayo y ahora acaba de dictarle el procesamiento por el secuestro del periodista Jacobo Timerman, por privación ilegal de la libertad y torturas.

“La decisión de la Justicia está generando por demás un revuelo”, explica en ese sentido Alejo Ramos Padilla, abogado de la causa Timerman. “En las últimas semanas dos organizaciones de abogados salieron a quejarse públicamente defendiendo a la familia judicial, pero su pertenencia a la corporación no exime a Smart de su responsabilidad ante la Justicia”.

Durante la última dictadura, en la provincia de Buenos Aires funcionaron 29 centros clandestinos de detención, muchos de los cuales estaban dentro de las comisarías. Los centros recibieron el nombre del “Circuito Camps”, porque dependían en forma directa del ex comisario Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense. Jaime Smart fue procesado en el marco de las causas en la que se investigan los crímenes ocurridos en ese circuito y, en particular, en los centros Puesto Vasco y Coti Martínez, por los que pasó el periodista Jacobo Timerman. Camps dependía directamente de Smart, que entonces encabezaba el Ministerio de Justicia provincial.

En septiembre del año pasado, en La Plata, se llevaban a cabo las audiencias del juicio oral al ex capellán del Ejército Christian Von Wernich. Entre los testigos se presentó a declarar el hijo de Jacobo Timerman, Héctor Timerman, hoy embajador argentino en Estados Unidos. Allí, durante su intervención, le pidió al tribunal la detención de Smart por su relación con el secuestro de su padre y también la de otro civil, el ex gobernador bonaerense de facto Ibérico Saint-Jean.

El planteo quedó oficializado más tarde, cuando el abogado Ramos Padilla pidió sus dos detenciones con la de otros seis civiles que prestaron servicios durante la dictadura. Entre ellos, Alberto Rodríguez Varela y Roberto Durrieu, hoy abogados en actividad, ministro y viceministro de Justicia durante la dictadura. El 5 de mayo, Corazza ordenó las dos primeras detenciones.

Sobre Smart pesa, además, otra causa por la desaparición del abogado Rodolfo Gutiérrez en 1978, en San Isidro. Su cercanía con el poder político militar comenzó tempranamente. En 1968, el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía lo ascendió de secretario de un juzgado a fiscal. Tres años más tarde, otro gobierno militar, el de Roberto Levingston, lo promovió como juez al temible “Camarón”, la Cámara Federal porteña creada para juzgar exclusivamente a los opositores políticos y guerrilleros. Con el golpe de marzo de 1976, pasó a la provincia de Buenos Aires y, recuperada la democracia, derivó en la actividad privada. En los últimos años defendió al ex policía Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo-Tolosa, y también representó al represor Albano Harguindeguy.

La semana pasada, dos entidades de abogados repudiaron la detención de Smart y de Saint-Jean, el principio de una cadena que puede seguir extendiéndose. En ese contexto, la Asociación de Abogados Penalistas de la ciudad de Buenos Aires y una ONG de abogados católicos se expresaron con solicitadas publicadas en dos matutinos porteños. De acuerdo con los datos de Ramos Padilla, los socios de ambas entidades están vinculados de distintos modos a los protagonistas de la última dictadura, o como abogados defensores o como ex funcionarios, ejecutores de aquellas políticas de Estado. Smart es, de hecho, socio de la primera de ellas, junto a una larga lista de elegantes nombres (ver aparte).