Las entidades agropecuarias decretaron a partir de hoy un nuevo lockout granario, mientras que mañana darán comienzo a la no comercialización de hacienda para faena. Ambas medidas se extenderán hasta el próximo lunes. La semana que viene realizarán movilizaciones en el interior del país y campamentos en diferentes plazas del interior. Y desde el 9 de junio “reforzarán y profundizarán las acciones sobre el Parlamento”, es decir que buscarán presionar a los legisladores, gobernadores y concejales para que “digan de qué lado están”. Además, solicitaron la intervención en este conflicto del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner; el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; el cardenal Jorge Bergoglio y el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos. Más allá de las medidas de fuerza, la unidad de la Mesa de Enlace parece resentirse. El Consejo de Administración de Coninagro planteó su “preocupación” por el desenvolvimiento de las acciones que están llevando adelante las entidades agropecuarias.

A partir de anoche a la 0 hora y hasta el lunes 2 de junio, las entidades decretaron un nuevo lockout de granos con destino a exportación. El jueves comenzarán el lockout de hacienda, también hasta el próximo lunes. Desde el martes 3 de junio y hasta el viernes 6, establecerán campamentos en las plazas de cabecera de las diferentes comunas y partidos y “visitarán” intendentes y gobernadores. Desde el lunes 9, profundizarán las acciones sobre el Parlamento con el “objetivo de lograr, por la vía legislativa, las soluciones que pide el sector (es decir las retenciones móviles). Con este plan de lucha, pretenden presionar a los dirigentes políticos, como ya lo hicieron con el intendente de Gualeguaychú y el gobernador de Entre Ríos, entre otros.

“Una vez más, el gobierno nacional, tal como lo hace todo aquel que busca cualquier justificativo para no sentarse a dialogar y resolver un conflicto, vuelve a dilatar las soluciones. Esta vez el pretexto es el tono de los discursos pronunciados en Rosario. Se olvida el Gobierno la cantidad de ofensas que profirió a un sector del país, al llamarlo golpista, avaro, mentiroso, responsable de la inflación, desabastecedor, oligarca e incendiario”, expresaron las entidades en un comunicado leído por Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales antes de anunciar las medidas de fuerza. El documento que presentó Coninagro reclama que el reclamo se mantenga “en el marco sectorial”, así como la “no politización de las posiciones, el discurso o las decisiones que se tomen” y pidió que se respete la “institucionalidad” de cada entidad.

Los presidentes de Federación Agraria, Sociedad Rural Confederaciones Rurales y Coninagro, que fue representada por su vicepresidente (Fernando Gioino, titular de la entidad, fue el gran ausente), estuvieron reunidos desde el mediodía de ayer hasta las nueve de la noche. Durante toda la jornada, no dejaron trascender cuáles eran los temas que estaban discutiendo ni si pensaban retomar las medidas de fuerza. Sin embargo, parecían pendientes de las posibles palabras del consejo del PJ y de varios actos de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la Rosada. “El que pestañea primero, pierde”, decían desde Sociedad Rural. Siguiendo la estrategia del Gobierno, de esperar a quien tirase la primera piedra, los ruralistas salieron a dar su posición luego del acto del Partido Justicialista.

Un colaborador cercano a Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria, los explicó así a Página/12: “Como en toda negociación, ¿quién habla primero? El que está más complicado”. Minutos después de que finalizara la lectura del documento elaborado por el Consejo del PJ, los dirigentes del campo salieron a comunicar sus pasos a seguir. Las entidades utilizaron el cuarto intermedio que habían decretado el lunes, luego de no ser recibidos por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para esperar la posible jugada del PJ y de la Presidenta. Por el tiempo transcurrido entre el acto del justicialismo y los anuncios del campo –quince minutos–, todo indica que las medidas ya habían sido consensuadas antes. Incluso, alrededor de las seis de la tarde varios dirigentes se fueron para la sede de CRA, bajo la excusa de que tenían que terminar de elaborar un documento.

“El conflicto está en punto muerto”, resumió Llambías durante la conferencia de prensa realizada en la sede de Federación Agraria. Por su parte, Buzzi argumentó nuevamente que “es el actual gobierno el que impide el crecimiento del país, al no dejar crecer a la ganadería ni al sector lácteo”. “Si no se hubiese suspendido la reunión de ayer (por el lunes), la cosa sería otra. Como dice mi amigo (Alfredo) De Angeli, no pensé que fuese tan importante (en relación a las repercusiones de su discurso pronunciado desde Rosario)”, aseveró Buzzi.

La estrategia de las entidades fue esperar hasta último momento para no adelantarse a cualquier anuncio por decreto del Gobierno o algún llamado. Como nada de eso sucedió, no tuvieron problemas en asegurar que el principal responsable de todo este conflicto es el Ejecutivo. “La responsabilidad de esta situación es del gobierno de turno. Como no hemos encontrado un canal de diálogo, decidimos salir a buscar ese canal con los gobernadores y legisladores de todo el país”, aseguró Carlos Gareto, vicepresidente de Coninagro.

Recalcaron que, más allá de las medidas de fuerza, están dispuestos al diálogo, pero bajo sus condiciones. “En caso de que sea una convocatoria seria, nos sentaremos a dialogar”, aseguró Llambías. A esta altura los ruralistas dejaron de tener como interlocutor válido al jefe de Gabinete, por las continuas idas y vueltas de las últimas reuniones. Desde la Sociedad Rural dejaron trascender que el único interlocutor creíble a esta altura es el ex presidente de la Nación Néstor Kirchner.