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Por Martín Hourest

El principal problema de la Argentina es el crecimiento de la pobreza y el empequeñecimiento de la democracia, no el corralito. Pero las decisiones que se tomen para salir de él pueden ahondar la penuria de las mayorías e incrementar el autoritarismo y la violencia.
Sucede que lo que se discute no es cómo salir sino qué modelo de política económica, qué tipo de sistema financiero y qué regla de política cambiaria se adoptará para el futuro, con su consecuente determinación de ganadores y perdedores. La salida del sistema de restricciones en el sistema financiero impuesto por la administración De la Rúa y continuado y agravado por Eduardo Duhalde obliga a dos ejercicios simultáneos: sincerar y reconquistar herramientas de política económica.
Sincerar implica reconocer que la disponibilidad de divisas de la economía nacional está agotada, que los ingresos futuros de reservas (como bienes sociales) deben destinarse a la satisfacción de los objetivos nacionales en materia de empleo, distribución del ingreso y crecimiento, y no al atesoramiento en manos de particulares. La contrapartida a la libre disponibilidad de dólares fue la fuga de capitales y el aumento de la deuda pública para financiarla.
Reconocer la verdad obliga a admitir que los ahorros que están radicados en el sistema financiero sólo serán devueltos en la moneda nacional y al tipo de cambio oficial.
Afirmarse en lo cierto implica reconocer que la extranjerización y concentración de la banca no mejoró la asignación de crédito al aparato productivo, incentivó la valorización financiera y la fuga, y no dotó de mayor solvencia al sistema. Una banca rápida para depredar y autista para devolver los fondos a los particulares.
A su turno, reconquistar herramientas de política económica significa, al momento de salir del corralito, tener en la mente y en las políticas otro proyecto de país, no el que se quedó encerrado demostrando su inviabilidad. Por eso la primera condición es que la estrategia de salida no la definan los mismos que nos hicieron entrar. Si Domingo Cavallo no servía para salir de la convertibilidad, el FMI y el Tesoro de los EE.UU. no son los más indicados para reformular una política que, auspiciada por ellos, destruyó empleos y empresas, desestructuró y desfinanció al Estado y generó una pésima inserción internacional. El señuelo de los 15.000 millones de dólares de un eventual paquete de ayuda para sostener al sistema financiero implicará, además de aumentar la deuda pública en un 10 por ciento, un estrechamiento feroz de los márgenes de política económica. Al precio de la emergencia no debe liquidarse el futuro.
El sistema financiero debe ser considerado como servicio público y en tal contexto deben liquidarse las entidades privadas que no puedan responder por sus compromisos (y aplicar sin miramientos la ley de quiebras) y el Banco Central debe hacerse cargo de gerenciar un Instituto Movilizador que se haga cargo de la totalidad de la cartera del sistema financiero procediendo a devolver los depósitos en pesos y a recuperar los créditos, en particular los de los 1221 deudores que concentran el 45 por ciento del crédito.
La recuperación de la política crediticia (que prefigura la reconformación del aparato productivo) debe ir en paralelo con la recuperación de la política cambiaria y, en tal sentido, conviene establecer un tipo de cambio administrado (que refleje el tipo de transacciones con el exterior) y en coordinación con el Brasil. El dislate de la devaluación sin política económica no puede continuarse con una flotación dirigida desde afuera. La desconfianza hacia la moneda y el Estado nacional son la contraparte del modelo de exclusión y pobreza, recuperar la confianza no es repartir dólares o promesas de ellos, sino plantearse una economía con crecimiento sostenido y ello solo es posibleen el marco de una profunda redistribución de ingresos que sostenga un nuevo impulso industrializador.

* Economista del Frenapo.