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Desde el Ministerio de la Producción, Aníbal Fernández tendrá competencia en varios temas sensibles, incluyendo la estratégica relación con los empresarios, con quienes como secretario general de la Presidencia no consiguió consolidar vínculos. Pero esto no importa demasiado. El principal atributo que le reconoció Eduardo Duhalde para conferirle esa responsabilidad es el de ser “un buen comunicador”. Tanto que desde su nueva función tendrá la ímproba tarea de convencer de que Argentina entró en la “segunda etapa”: la reactivación. Quizás a modo de premio anticipado, también se le asignó la tarea de manejar un presupuesto creciente, que para el próximo ejercicio rozará los 400 millones de pesos.
No era el candidato soñado por Duhalde ni por Lavagna, pero se lleva bien con ambos. “Será un ministro político”, era la obvia conclusión que sacaba ayer un empresario, a quien no se le escapó que hubo un viraje en la estrategia de la Rosada. El Presidente ambicionaba que Producción fuera una especie de ministerio bisagra, que ligara al Gobierno con el establishment económico, poco amante del duhaldismo, y para eso nada mejor que confiarle el cargo a un empresario. Pero luego del fracaso de Ignacio de Mendiguren, quien lo ocupó hasta hace unos meses, Duhalde resignó aspiraciones.
En algún momento Lavagna pensó en Vittorio Orsi, ex hombre de la constructora SADE. Luego, junto al Presidente, comprendió que era mucho más apropiado el perfil de Martín Redrado, con buen desempeño en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales y con gran respaldo empresario para jugar esa partida. Pero ni éste ni su jefe, el canciller Carlos Ruckauf, admitieron el pase. Tampoco talló el diputado Carlos Brown, quien desde el Parlamento operó desde hace meses para conseguir ese cargo.
Brown intentó recuperar en la Nación el cargo que tuvo como funcionario bonaerense. Pero la probada fidelidad de Brown a Duhalde no le alcanzó. El legislador cometió el pecado de fogonear desde su banca un impuesto para gravar a las empresas que habían sido beneficiadas con la pesificación de sus deudas bancarias. Extensa nómina que incluye a los grupos económicos más fuertes del país y con mayor capacidad de lobby que fueron, precisamente, los beneficiados por la gestión de De Mendiguren en la misma área.
Producción, indefectiblemente, tiene que engarzar al Poder Ejecutivo con el sector patronal, en algunos casos con el tutelaje de Economía. El nuevo ministro tendrá bajo su órbita las secretarías de Transporte y Defensa de la Competencia, entre otras varias. La primera, con potestades sobre varios servicios públicos clave, cuyas tarifas están siendo objeto de negociación, al igual que los planes de inversión que ejecutan sus prestadoras.
La otra secretaría tiene entre manos la resolución de cuestiones no menos urticantes, que involucran negocios millonarios. Como la compra de Quilmes por Brahama, objetada judicialmente por la rival de ambas, Isenbek, o la adquisición del paquete mayoritario de Pérez Companc por Petrobras, o una disputa entre los productores de gas natural comprimido y combustibles líquidos.
Agricultura, Industria y Pyme son otras dependencias del ministerio que le darán a Fernández oportunidad de demostrar que el Gobierno de la devaluación y el default parcial también es capaz de fomentar la actividad productiva. Economistas ligados al Gobierno aseguran que, aunque incipientes, hay algunos signos de resurrección industrial, básicamente por un germinal proceso de sustitución de importaciones.
Ejemplos de esto serían algunas empresas ferroviarias que hacen aquí el equipamiento que hasta ahora se compraba afuera, algunas del rubro metalmecánico y hasta del calzado. En el Parlamento, en tanto, proliferan iniciativas para estimular la industria local, como una nueva ley de software o la que forzaría la motorización a gas. Algunas de estasiniciativas tienen raíz parlamentaria, otras fueron giradas por el Ejecutivo, algo que Fernández, con sus dotes de buen comunicador, debería ocuparse de subrayar.
Según el proyecto de Presupuesto del 2003, Producción dispondrá de 398,82 millones de pesos, casi 100 más que este año. Pero también desde allí tendrá competencia al menos en la distribución del fondo fiduciario de infraestructura, renglón que no figura en su detalle de recursos. Este fondo, nutrido con un impuesto sobre el gasoil, hoy se destina a subsidiar a concesionarios de peaje, trenes y a colectiveros. Así, el flamante ministro también arbitrará sobre el prorrateo de otros 1000 millones.