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–Querían que la Argentina se cayera porque no estaban contemplados sus intereses. Son traidores a la patria.
–¿De quiénes habla? –preguntó Página/12.
–De estos cipayos que presionaron a los embajadores extranjeros para que, a su vez, obstaculizaran un acuerdo del Fondo Monetario con la Argentina.
El diálogo del titular del bloque peronista en el Senado, el sanjuanino José Luis Gioja, con este diario fue el prólogo de lo que sucedería más tarde en la sesión del Senado. Con la traducción del artículo del periódico londinense Financial Times sobre sus bancas, los senadores se animaron a acusar de traidores a la patria a los banqueros del HSBC, BBVA, Santander y el Citibank. Los radicales anunciaron que querellarían al autor de la nota periodística y no faltaron las denuncias de una campaña “antipolítica” contra “las instituciones” por parte de la prensa local. Todo podría considerarse válido... si no fuera porque el artículo en cuestión fue publicado hace más de 30 días. Dato que incluso, con cierta ironía, les recordó la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se trata una cuestión de privilegio para dilucidar si el hecho existió o no.
Todo se encaminaba hacia una de las tantas, habituales, anodinas sesiones en las que el jefe de Gabinete, en este caso Alfredo Atanasof, brinda su informe bimestral. Alcanzó con la intervención del peronista Oscar Lamberto para que el Senado comenzara su catarsis sobre el tema que por estos días lo desvela: las presuntas nuevas coimas. El santafesino leyó la traducción del primer artículo del columnista del Financial Times. La nota fue publicada el 20 de agosto. Puso el acento en el párrafo en el que el corresponsal sostiene que los banqueros del HSBC, del BBVA, del Santander y del Citibank le reclamaban a los embajadores de Gran Bretaña y de los Estados Unidos que bloquearan cualquier acuerdo futuro de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta que el gobierno de Eduardo Duhalde no diera marcha atrás con un grupo de leyes que les preocupaba.
Indignado, con el periódico en sus manos y con sus lentes de lectura puestos, Lamberto consideró que “es fundamental que la gente sepa que la Argentina está siendo extorsionada y que probablemente buena parte de lo que está pasando en el Senado tenga que ver con esto”. Parecía que ahí concluiría la catilinaria. Pero la lista de oradores, anotada sobre el estrado del titular del cuerpo, el cordobés Juan Carlos Maqueda, iba creciendo minuto a minuto.
El titular de la bancada radical, Carlos Maestro, también estaba furioso. “Acá hubo, o no hubo sobornos. No es que ‘algo hubo’”, rezongó, cartesiano. La frase tenía un destinatario claro: Maqueda. La aparición del cordobés en el diario Clarín diciendo que en el caso de los sobornos “algo hubo” irritó a varios legisladores. Todos se sorprendieron por la vuelta de campana que Maqueda dio en el aire. No pasaron 15 días de la sesión en la que había denunciado “la campaña periodística contra el Senado”. Tras enmendarle la plana al titular del cuerpo, Maestro anunció que “la UCR va a presentar una querella contra el Sr. (Thomas) Catán por sostener en forma genérica que los legisladores han pedido coimas”. Además de deslindar las responsabilidades de los boinas blancas, el chubutense dejó flotando su advertencia: “Si no se logran encontrar evidencias, los que han hecho rodar estas versiones, que se atengan a las consecuencias”. Tuvo tiempo para sentenciar que “aquí nadie tiene carnet de santidad, ni siquiera un periodista”.
En este punto la mayoría de los legisladores adscribe a una misma teoría. Básicamente coinciden en que existe una campaña tendiente a poner de rodillas a las “instituciones argentinas”. A la hora de definir quiénes participan de ella, no dudan en señalar a los banqueros y por ciertotambién a la prensa. No son pocos los que durante esta semana mostraron todos sus temores en los pasillos por el avance del tema. De a poco van surgiendo evidencias que dan cuenta de un estrecho, muy estrecho, vínculo entre los hoy demonizados banqueros y los integrantes de la Cámara alta.
El salteño Marcelo López Arias (PJ), en algún momento mencionado como posible sucesor de Maqueda al frente del cuerpo, fue el pionero en señalar a los banqueros referidos en el artículo como “traidores a la patria”. Continuó con la lectura detallada de la nota de Catán que había iniciado Lamberto. Mostró estar un poco más actualizado. Leyó la última publicación, la del 30 de agosto. Puso el acento en el párrafo en el que se sostenía que el pedido de coimas le habría sido transmitido a la gente de ABA por “un individuo conocido” por el organismo. Esto lo llevó a afirmar lo que hoy es el reclamo más repetido en el Senado: “Si es un individuo conocido por los banqueros, es necesario que ellos lo identifiquen claramente”.
Lo que comenzó siendo una breve intervención se convirtió en una catarata. Desde la antesala, Atanasof seguía atentamente la cuestión bastante más entretenida que su informe. Gioja intentó poner un límite a la catarsis pero no hizo más que poner otro ladrillo en la escalada. También calificó a los banqueros de “traidores a la patria” y se aventuró a rebautizar al autor de la nota. “En castellano, Catán es Catín”, dijo Gioja mejorando el seudónimo de González Catán, que alguno vez utilizó Miguel Angel Picheto para hablar del periodista del Financial Times. Un poco más medido, Gioja sugirió al plenario estudiar si se podía realizar una acusación judicial bajo la figura de “traición a la patria”. Antonio Cafiero, con un ejemplar del Código Penal en su pupitre, intentó auxiliarlo. Señaló que había otro encuadre legal que se podría usar, pero una mala estrella le impidió recordar de cuál estaba hablando. Todo prometía continuar en ascenso, hasta que la catamarqueña Marita Colombo puso un toque de mesura cuando les pidió a sus colegas que “no maten al mensajero”, en relación a las fuertes críticas que se estaban destinando a los periodistas. A esa altura de la sesión, los senadores estaban asegurando que las presuntas coimas no habrían existido. Se los notaba envalentonados.
“Nadie puede decir de manera responsable que los hechos denunciados no existieron”, los frenó Colombo. Luego vendrían las aclaraciones. López Arias y Maestro quisieron tranquilizarla alegando que no “querían matar al mensajero”. Maqueda, el mismo que públicamente señaló que “algo hubo”, seguía la sesión sin acotar nada. Hubo tiempo para que la tucumana Malvina Seguí dijera que renunciaba a la cuestión de privilegio que había presentado. Hubo tiempo para que la bonaerense Diana Conti, reemplazante de Raúl Alfonsín y ex aliada de Carlos “Chacho” Alvarez, luego de reconocer que “ponía las manos en el fuego por los integrantes del cuerpo” y de que desde un primer momento había pensado en querellar al periodista, instara a sus colegas a “buscar la verdad y que la prensa diga lo que quiera”. Todo dicho frente a las cámaras televisivas, por los pasillos, en riguroso off the record, son varios los legisladores que dan crédito a la denuncia por los presuntos sobornos. Doble discurso, típico.