La familia de Jorge Julio López quiere saber qué actividades hacía, con quiénes se reunía, de qué hablaba cuando salía de su casa de Los Hornos. Por eso le pidió al juez federal Arnaldo Corazza que cite a declaración testimonial a quienes formaban parte del entorno social del testigo, que sigue de-saparecido desde hace casi dos años. “Queremos saber si por ese lado podemos obtener algún dato, todo lo demás hasta ahora fracasó”, explicó el abogado Alfredo Gascón. PáginaI12 le preguntó si esta búsqueda apunta a la relación que López tenía con organismos y militantes de derechos humanos. “Lo que sea, los hijos no saben qué hacía ni con quiénes se encontraba”, respondió. Aunque el letrado aclaró que “no estamos señalando a nadie, sólo se busca información”, los compañeros de López expresaron preocupación por este intento de “investigar a la víctima”.

Julio López desapareció por primera vez el 27 de octubre de 1976, y permaneció tres años en los campos de exterminio del circuito Camps. Había militado en la Unidad Básica Juan Pablo Maestre, que respondía a Montoneros, adonde acudía en sus tardes libres. Pero la política no era tema en la mesa familiar. Tras sobrevivir a la tortura y presenciar crímenes de la patota de Miguel Etchecolatz, fue liberado. Según su esposa, Irene Savegnago, nunca habló de lo sucedido. Varios años después se contactó con otros sobrevivientes y comenzó a participar en la reconstrucción del horror. La segunda desaparición, días antes del veredicto contra Etchecolatz, fue un golpe demasiado duro y el inmenso dolor familiar pudo más que la necesidad de saber. Hasta ahora.

“Sólo hay hipótesis, no hay ningún indicio serio que hoy nos permita saber el paradero de López ni si lo han matado, ni dónde desapareció ni a qué hora. Se está volviendo a revisar toda la causa a ver si quedó algún cabo suelto de las primeras semanas, y estamos tratando de averiguar qué actividades hacía López que desconociera la familia y que lo pudieran haber llevado a una situación de riesgo como para haber desaparecido”, explicó Gascón. “La conclusión familiar es que López salió entre las 12 y las 7, a esa hora no iba al juicio, no esta vestido para ir al juicio, queremos ver con qué personas se juntaba, los hijos no lo saben, no cierran esos horarios, era una persona mayor, muy metódica”, agregó. Para ello solicitó al juez Corazza que cite como testigos a todas las personas que estuvieron con él en la causa Etchecolatz, a los abogados que lo representaron y a “algunas personas vinculadas a los organismos”.

PáginaI12 le preguntó si no es extraño suponer que el origen de su desaparición pudiera estar entre quienes fueron sus compañeros de cautiverio. “No sabemos qué sabía López, queremos saber más de lo que declaró, algo que se haya guardado, no estamos diciendo que ahí puede estar quien lo secuestró, pero nadie se puede enojar porque preguntemos, no lo vamos a señalar”, contestó. Consultado sobre cómo es posible que la familia haya accedido a que se investigue a la víctima, Gascón dijo que “los criterios penales más modernos dicen que hay que evaluar todo”.

Cuando el abogado se pronunció a favor de la continuidad de la policía bonaerense en el caso, pidió también que se investigara quiénes podrían haber evitado que López desapareciera. El camarista Alberto Durán hizo lugar al pedido pero luego la causa volvió a manos de Corazza. ¿A qué apuntaría esta iniciativa? “A aquellos que según el código de procedimiento penal deben velar por la seguridad de los testigos, a saber si se pidieron u ordenaron medidas de protección, a todo el mundo porque un albañil fue a declarar con toda su buena voluntad y está desaparecido”, afirmó Gascón.

La familia de López y los miembros de los organismos de derechos humanos con los que se había vinculado en los últimos años mantuvieron hasta ahora una respetuosa distancia mutua. Las dudas que unos y otros pudieran tener nunca fueron conversadas. “No nos llamaron en estos dos años”, dice el abogado de la familia. “Los llamamos y no tuvimos respuesta”, sostienen los compañeros de López. Esta ausencia de comunicación sería reemplazada por un interrogatorio judicial, cuya efectividad, según pudo saber este diario, fue puesta en duda por los investigadores del caso.