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Miles de personas marcharon ayer hasta los Tribunales de Lomas de Zamora, donde comenzó el segundo juicio oral a Raúl Castells. La mayoría eran piqueteros, que caminaron cuarenta cuadras desde Puente La Noria e instalaron carpas ante la sede judicial, decididos a instalarse en el lugar hasta que la Justicia absuelva a Castells. El dirigente piquetero será enjuiciado por liderar un reclamo de comida y planes laborales ante la intendencia del distrito, el 13 de junio de 2001. Entre los manifestantes se encontraba Adolfo Rodríguez Saá, quien había prometido que asistiría y también avisado a la prensa. El juicio comenzó al mediodía, casi una hora después de que la marcha llegara al juzgado, y se desarrolló en una sala de audiencias colmada por 60 desocupados del MIJP –entre ellos la esposa de Castells, Nina Pelosso–, líderes piqueteros e invitados de ocasión, como el ex gobernador de San Luis.
Castells está acusado de “coacción agravada, privación ilegítima de la libertad agravada, usurpación de propiedad e incitación a la violencia colectiva”. La acusación se debe a una movilización que encabezó en junio del año pasado, cuando unas 400 personas se concentraron ante la Municipalidad de Lomas de Zamora y le exigieron al intendente de entonces, el aliancista Edgardo Di Dio, que cumpliera con su promesa de entregar alimentos y planes Trabajar.
Tres de los cargos que se le imponen a Castells fueron incluidos en el Código Penal por la ley 20.462, que fue votada en enero de 1974 para detener la ola de ocupaciones de fábricas propias de la época. Con esos antecedentes, los defensores del piquetero hicieron una defensa “política” de la protesta y denunciaron que el caso era otra muestra de la “persecución” estatal contra la protesta social. “El problema de fondo en este juicio es cómo sacar a un opositor de en medio, con argumentos de la dictadura militar”, se quejó Castells en su declaración ante los jueces.
El mismo argumento repitieron los dirigentes que participaron de la primera audiencia en solidaridad con Castells. “Estoy acá porque en la Argentina no debe haber presos políticos ni sociales”, dijo Rodríguez Saá durante la marcha hacia la sede judicial de Lomas de Zamora. Y el reclamo aparecía a la vista de todos en un palco que se colocó a pocos metros del juzgado: “Libertad a Castells y a todos los procesos sociales”, decía el cartel que habían colocado los organizadores del acto.
Rodríguez Saá llegó junto a sus aliados –Hugo Moyano, Aldo Rico, Melchor Posse– y sus operadores habituales, su hermano Alberto y Luis Lusquiños. Marchó a media cuadra de la columna principal, que se extendía varias cuadras e incluía al Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionistas (MIJP) y a los abogados del Ceprodh, que defienden a Castells junto con Jorge Ceballos, de Barrios de Pie. Rodríguez Saá se mantuvo a una distancia prudente de las organizaciones, que trataron al candidato con una indiferencia apenas contenida. Sólo se escucharon algunos chiflidos cuando los manifestantes vieron a Rico.
Con alguna prevención, los invitados entraron a la sala de audiencias del Tribunal Oral criminal Nº 3 y se mezclaron con piqueteros y dirigentes de partidos de izquierda. La audiencia, entonces, escuchó el primer pedido de la defensa, con el que el Tribunal, compuesto por los jueces Marcelo Dellature, Hugo Van Schilt y Guillermo Roberts, dio inicio al juicio. Así, los abogados de Castells pidieron la nulidad del caso y “la impugnación del operativo policial y judicial”, pero los jueces rechazaron el planteo de los abogados Ivana del Bianco, Rubén Triti y Jorge Ceballos. La decisión fue recibida a los gritos: “¡Payasos! Dejen de hacer el circo que están haciendo”, vociferó un familiar de Castells.
El juicio continuó con una declaración del propio imputado, que desmintió los argumentos de la fiscalía, que había dicho que el piquetero tenía “antecedentes penales”. Según los abogados del acusado, la referencia del fiscal, Jorge Michelini, era incorrecta porque “en dos causas tuvo absolución y en otra falta de mérito”. El discurso de Castells prosiguió, centrado en el denunciante, el ex intendente de Lomas de Zamora: “¿Cómo puede una delegación de cinco personas, que juntas suman 355 años, atemorizar a un intendente que está custodiado por 200 policías?”, se preguntó ante la sonrisa de los jueces. Después, la fiscalía presentó a sus testigos, entre los que no se encontraba Di Dío, supuestamente afectado de una “cardiopatía”.
Tras la intervención de los testigos propuestos por el fiscal, el juicio entró en cuarto intermedio. Se reiniciará hoy y probablemente continúe durante el fin de semana. Anoche, entre los allegados al acusado, la sensación era de un optimismo cauto. En parte por la convocatoria que acompañó a la marcha, y también por lo que sucedió en el propio juicio. “Hasta ahora todo está muy bien –aseguró a Página/12 la esposa del Castells, Nina Pelosso–. Lo que declararon demuestra que sólo fue una manifestación, que nunca tomamos el municipio y que en la puerta podía entrar y salir la gente que quisiera.”
–¿La presencia de Rodríguez Saá se puede interpretar como el indicio de que ustedes apoyarán su candidatura? –preguntó este diario.
–Nosotros le hemos aclarado bien clarito que a él no lo apoyamos, ni tampoco a ningún político. Que le agradecíamos el gesto, pero que no lo apoyábamos. Cada uno (de los miembros del MIJP) es libre de elegir a los políticos que quiere, nosotros no incitamos a que voten a alguno –respondió Pelosso.
Pese a que no fue el protagonista de la jornada, la asistencia de Rodríguez Saá captó bastante espacio en las pantallas. Lo había prometido hace más de un mes, en una visita a la casa de Castells, y ayer cumplió. Pero su visita respondió también a una movida estratégica de su construcción. Quiere compensar la figura de Rico, y para eso nada mejor que un piquetero. Porque el puntano está obsesionado con las elecciones, como demostró ayer cuando prometió que “va a dar la lucha interna” dentro del PJ.