Después de una larga disputa entre la ministra de Salud, Graciela Ocaña, y el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió pedirle la renuncia al funcionario, uno de los dirigentes más cercanos al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. Junto con la salida de Capaccioli comenzaron a correr intensas versiones sobre que también dejarían sus cargos otros funcionarios que llegaron al gobierno de la mano de Fernández, como la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, y la de Justicia, Marcela Losardo. Pero desde el Gobierno salieron rápidamente a desmentir esos rumores y subrayaron que el único cambio previsto era el de Capaccioli, a quien reemplazará Juan Antonio Rinaldi, un hombre que supo pertenecer a la esfera del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y hoy mantiene una buena relación con Ocaña.

El reclamo de la ministra de Salud para deshacerse de Capaccioli venía de lejos y en los últimos días creció en intensidad, al punto que, en referencia al ahora ex funcionario, la ministra dijo: “Hay que terminar con los kioscos dentro de la Superintendencia de Salud”. Casi nada.

Para lograr su objetivo, dijeron fuentes del Gobierno a PáginaI12, Ocaña contó con el apoyo del jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien el domingo pasado se reunió con la Presidenta para plantearle que consideraba necesaria la salida de Capaccioli.

La Presidenta lo meditó dos días y el martes a la tarde llamó a Ocaña para comunicarle su decisión, que materializó ayer al mediodía Massa, al pedirle la renuncia a “Capa”, como todos los llamaban en el Gobierno. El superintendente fue personalmente a la oficina a notificarse de su relevo. La explicación que dieron altas fuentes de la Casa Rosada es que “la situación ya no daba para más”. Según las fuentes, Ocaña planteó que en la Superintendencia de Salud “hay problemas de transparencia, se necesita una acción muy fuerte para desactivar determinados circuitos y Capaccioli parecía no tener la voluntad de hacerlo”.

Hubo dirigentes que vieron en la salida de Cappacioli una avanzada contra los funcionarios que tiene como referente a Alberto Fernández y aún siguen en el Gobierno. En la Casa Rosada buscaron que Fernández (de viaje en Europa) no fuera victimizado y desmintieron rotundamente otros supuestos despidos. Es más: dieron a entender que las versiones de que se iban también Picolotti, Losardo y el subsecretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete, Claudio Ferreño, estaban siendo echadas a rodar desde los mismos sectores “albertistas”.

En el cruce de rumores, en el entorno de Capaccioli aseguraban que anoche le habían ofrecido la embajada argentina en Portugal o una secretaría del Ministerio de Trabajo, algo que luego salieron a desmentir fuentes de la Casa Rosada.

En el Gobierno, muchos se acordaron de mencionar que fue Capaccioli, como integrante del comité de campaña de CFK, fue quien recibió donaciones de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez. También le apuntaron a Marcela Losardo al recordar que en el juicio en Miami al venezolano Franklin Durán, uno de los testigos protegidos sostenía en una escucha telefónica que se había reunido con el secretario de Justicia de la Argentina. Aunque el hombre se había referido a su interlocutor en masculino, igual Losardo tuvo que salir a aclarar su situación. Y Picolotti, desde que Alberto Fernández dejó su cargo el 23 de julio pasado, viene sufriendo presiones para que presente su renuncia, según cuentan sus allegados.

La Superintendencia de Servicios de Salud que hasta ayer dirigía Capaccioli es un instrumento clave de todos los gobiernos en su vínculo con los sindicatos, ya que entre sus atributos tiene el control de las poderosas obras sociales que éstos manejan. Antes de Capaccioli ocupaba el cargo un funcionario cercano a los dirigentes de la CGT, que el Gobierno de Néstor Kirchner heredó de su antecesor Eduardo Duhalde, integrando el grupo que encabezaba el ministro del área, Ginés González García. Quizá con la intención de recortar una porción de poder a Moyano, Alberto Fernández logró imponer a Capaccioli, quien dejó su cargo en la Secretaría de Descentralización del gobierno porteño para asumir la Superintendencia el 26 de enero de 2006.

Ahora, con Rinaldi como reemplazante, el cargo vuelve al círculo cercano a Moyano, justo un día después que la Corte Suprema de Justicia emitiera un fallo a favor de la pluralidad sindical que festejó la CTA y encrespó a los dirigentes de la CGT. Hasta ayer Rinaldi y –desde 2005– era el gerente general de la Administración de Programas Especiales (APE), un ente autárquico que está administrativamente bajo la esfera del Ministerio de Salud y que maneja fondos de más de 80 millones de pesos mensuales para ayudar a las obras sociales en la atención de casos especiales de pacientes de alto riesgo.

Rinaldi, un abogado de 45 años, se entrevistó anoche con la Presidenta y, según él mismo contó, ella lo recibió “muy bien” y le dijo que “si Graciela Ocaña confía en mí ella también lo hará”. Pese a eso, Rinaldi confesó: “No tengo relación con Ocaña”.

Después contó que de todas maneras ayer habló con la ministra. “Me llamó para decirme que se había precipitado lo de la Superintendencia”. Después, según Rinaldi, Ocaña le ofreció el cargo y él respondió: “Voy a hacer lo que ustedes dispongan”. “Más tarde me entrevisté con Massa en su despacho y luego hablamos con la Presidenta”, relató Rinaldi, quien señaló que asumirá su nuevo cargo “cuando se materialice el decreto”.