La divulgación de posibles irregularidades en un tendido eléctrico en la Patagonia desató una polémica dentro de la Auditoría General de la Nación (AGN). Después de que se difundiera que, supuestamente, un informe de la AGN detectaba sobreprecios, Oscar Lamberto, miembro de la auditoría, acusó al presidente del organismo de haber transmitido “información tergiversada” a los medios de comunicación. El ex diputado del Partido Justicialista (PJ) polemizó por la aparición del documento en la prensa porque “un informe de la AGN tiene que estar primero publicado en la página web del organismo, donde es de acceso público”. Las declaraciones de Lamberto se sumaron a las de otro auditor, quien anteayer tildó de “precipitado anticipar un sobreprecio y, más aún, cuantificarlo”. Este diario intentó comunicarse con el presidente de la AGN, Leandro Despouy, pero no obtuvo respuesta.

Todo empezó por un supuesto sobreprecio que el Estado habría pagado en el segundo tramo del trazado eléctrico entre Puerto Madryn (Chubut) y Pico Truncado (Santa Cruz). “No existe ningún informe de la AGN que diga eso, porque justamente lo que se pide es que se haga una auditoría de costos”, dijo Lamberto a Página/12. “El que maneja la difusión de la información en la AGN es el presidente, por eso digo que la información tiene que haber salido de allí”, agregó el ex diputado y senador por el PJ santafesino.

El tendido eléctrico sobre el que hace eje el informe de la AGN se concretó en dos tramos. Por un lado, la traza que une la localidad de Choele-Choel con Puerto Madryn y, por otro, la que va de la ciudad chubutense hasta Pico Truncado. Al respecto, Carlos García Pereyra, director de la empresa involucrada, Transener, explicó que “no hay ningún tipo de irregularidad en lo que respecta a la calidad de las obras y a los precios en la construcción del tendido”. Y señaló que las variaciones en los costos están vinculadas con las modificaciones de precios del “cobre y sobre todo lo que es hierro, porque han sufrido incrementos en los últimos cinco años”.

La denuncia hacía hincapié en la diferencia de costos que resaltaría el informe elaborado por la AGN: supuestamente, una diferencia superior al 48 por ciento en los precios del segundo tramo con respecto al primero. Así, se indicaba que el sobreprecio era de 150 millones de pesos. “Se hizo una comparación entre los costos de los dos tramos y no son cifras comparables. Es como sumar gatos y mandarinas –dijo Lamberto—, sería imposible comparar obras distintas que fueron realizadas en diferentes momentos y con costos de insumos distintos.” Para el auditor, “hay un hecho grave y es que el informe todavía no está en la página web de la AGN, pero ya llegó a los medios. Después de firmarlo los auditores se esperan diez días para que la comisión mixta tome conocimiento y recién ahí se publica en la web”. Lamberto resaltó que “una comparación meramente aritmética daría una diferencia de precios entre ambos tramos, pero esto tiene que estar verificado técnicamente y no hay cómo contrastar los datos con documentación. La auditoría de costos está contemplada dentro del plan de la AGN elaborado para el 2009”.

Otro auditor, Francisco Javier Fernández, ya había calificado el martes de “apresurado” y “parcial” el análisis del informe y aseguraba que resultaba “precipitado anticipar un sobreprecio y, más aún, cuantificarlo, cuando el mismo informe habla de determinar a partir de dicho análisis previo la racionalidad o irracionalidad de los costos”.