La vida de M pende de un hilo. La nena, de 12 años, internada en Mendoza como consecuencia de una aguda infección abdominal producto de un aborto realizado en malas condiciones sanitarias, sigue en gravísimo estado y “corre riesgo de muerte”, informó ayer el director del Hospital Lagomaggiore, José Moschetti, a Página/12. El dramático caso dejó en evidencia la ausencia de una reglamentación de la atención de los abortos no punibles en la provincia, que hubiera evitado que la niña terminara en el circuito clandestino para poner fin a una gestación presuntamente forzada: desde dos ONG recordaron que el ministro de Salud, Sergio Saracco, tiene hace un año para firmar un protocolo, que cuenta con un dictamen favorable de la asesoría letrada de la propia cartera sanitaria. A mediados de 2008, desde el Instituto de la Mujer y de la Dirección de Derechos Humanos del mismo gobierno mendocino le advirtieron que era urgente que lo implementara, reveló una ex funcionaria.

“Si existiera un protocolo de atención claro para los médicos, esta nena no estaría hoy en riesgo de muerte, sin útero y sin un ovario. Hubiera podido ir al hospital público, ya que el suyo, sin dudas, es un aborto no punible, contemplado en el artículo 86 del Código Penal y recibir una atención adecuada. Para que no se repitan estos casos es que reclamamos que el aborto sea legal, seguro y gratuito”, señaló la abogada Mariana Hellin, ex titular del Instituto de la Mujer de Mendoza, a cargo del área de Género de Xumek, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos en la provincia. En las últimas horas, la Justicia detuvo a una mujer en Guaymallén, sospechada de haber practicado el aborto inseguro: la mujer se negó a declarar, quedó imputada en la causa y luego recuperó su libertad al no tener antecedentes penales.

Página/12 intentó entrevistar al ministro Saracco, pero el funcionario no atendió a este diario. En una extensa entrevista publicada ayer en el diario El Sol, de Mendoza, Saracco se refirió al caso y dejó clara su posición contraria a un aborto en cualquier circunstancia, incluso cuando –como en esta situación– se trata de una niña que habría sido violada.

Saracco apuntó a demonizar la práctica del aborto en sí misma –a pesar de que en condiciones seguras se trata de una intervención sin riesgo– y puso el eje en quién llevó a cabo el procedimiento que derivó en el gravísimo cuadro. “En esto hay una situación que consideramos de total irresponsabilidad por parte de quien realizó la intervención. Por otro lado, también de quienes indujeron a la menor a hacerlo, porque por la edad que tiene no está en condiciones de discernir”, consideró el ministro. Y agregó que “tener un embarazo no deseado y realizarse un aborto produce daño psicológico y, por otro lado, siempre es un procedimiento quirúrgico que pone en riesgo la vida”.

Las apreciaciones del ministro fueron rechazadas por Hellin y también por Celia Simioli, enlace en Mendoza del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), entidad feminista que acaba de ganar el Premio Rey de España de Derechos Humanos. “Está satanizando a quien realizó ese aborto, cuando hay que poner el énfasis en que la familia no se atrevió a llevar a esa niña al hospital público, después del antecedente de hace tres meses, cuando otra niña, también de 12 años y violada, fue expuesta en el Hospital Pediátrico Humberto Notti a militantes pro vida que la manipularon y finalmente decidió no interrumpir esa gestación forzada. El ministro no se fija en el drama de la violación. Es aberrante que salgan a llenarse la boca con la defensa de ese embarazo”, opinó Simioli, en diálogo con Página/12.

“Cuando fue el caso anterior, el consentimiento de la niña fue sobrevaluado. Ahora que esta niña elige interrumpir ese embarazo no la quieren escuchar y buscan a quien la llevó a abortar”, observó Hellin, que estuvo al frente del Instituto de Derechos Humanos del gobierno mendocino hasta septiembre último. Hellin precisó que el protocolo de atención de los abortos no punibles, que está a la firma de Saracco, fue redactado durante la gestión del ex gobernador y actual vicepresidente Julio Cobos, pero quedó sin ser firmado por el anterior ministro de Salud, Armando Caletti. Tanto Caletti en su momento como luego Saracco se habían comprometido ante ONG de mujeres y derechos humanos a instrumertarlo. Pero no cumplieron con su palabra.

Mientras tanto, M continuaba ayer en terapia intensiva. Su cuadro, muy grave, era estable, según informó el director del Hospital Lagomaggiore, adonde la nena llegó el domingo derivada del Hospital Notti en estado de “shock séptico, con fallas en el funcionamiento de los riñones y el hígado y problemas de coagulación de sangre también”. La chica fue sometida a una operación de urgencia por la aguda infección abdominal que presentaba y tuvieron que extirparle el útero y un ovario. “Su estado es crítico. Está lúcida sin necesidad de asistencia respiratoria. Pero sigue con problemas renales y en el hígado. Esperemos que sean pasajeros y salga adelante”, se esperanzó Moschetti. El director indicó que el aborto se le habría practicado en pésimas condiciones sanitarias en momentos en que la niña llevaba unos tres meses de embarazo.

M es hija de una madre soltera y pertenece a una familia humilde de Guaymallén. En el caso interviene el Juzgado de Familia Nº 3 de Mendoza, a partir de una denuncia realizada desde el Hospital Notti. Y también la oficina fiscal Nº 9 de Guaymallén, que tiene a su cargo la investigación penal del aborto y del abuso sexual. A última hora del martes, la Justicia realizó un allanamiento en una casa de Rodeo de la Cruz, en el departamento de Guaymallén, y detuvo a una mujer, que sería médica, identificada como Mirta Rodríguez. Se le imputó el delito de “aborto sin consentimiento de la mujer practicado por un médico agravado por ánimo de lucro”, con penas de 3 a 10 años, según explicaron fuentes de la investigación a este diario. La mujer se negó a declarar y recuperó su libertad al no tener antecedentes penales.