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Comenzó ayer en Salta el juicio político contra el juez de instrucción penal Roberto Elio Gareca, quien en cuatro años procesó a numerosos funcionarios del gobierno provincial. Los colegios de abogados y de magistrados se pronunciaron en contra del jury y en favor de la independencia judicial. Hasta un grupo de 35 presos condenados por Gareca lo apoyaron, desde la cárcel, como un “juez dinámico” que agilizó sus causas y “regido siempre por principios éticos”. El gobernador Juan Carlos Romero procura la destitución de Gareca antes de comenzar la campaña proselitista como compañero de fórmula de Carlos Menem. El jury no había podido sesionar el mes pasado, debido a las movilizaciones en apoyo del juez. Ayer logró constituirse y la cómoda mayoría romerista resolvió la suspensión del juez.
El más notorio funcionario salteño detenido por Gareca es el ex intendente de General Güemes, Rubén Alberto Cabana. Las acusaciones en su contra se resumen en 184 cargos por fraude a la administración pública, falsedad ideológica, peculado, malversación de caudales públicos, libramiento de cheques sin fondos, usurpación de inmuebles, encubrimiento, demora injustificada de pago, desobediencia a una orden judicial y abuso de autoridad. Cabana no ha sido abandonado por sus amigos y entre quienes lo visitan en la cárcel figura el vicegobernador Miguel Angel Wayar, quien sucederá a Romero cuando entre en campaña y que postulará a la gobernación en las próximas elecciones. El abogado defensor de Cabana es otro allegado a Romero, René Gómez, precisamente quien solicitó la destitución del juez Gareca, por supuesto retardo de justicia, violación de secretos sumariales y “desmedida exhibición mediática”. Gómez también fue jefe de Policía y ministro de Gobierno en la gestión del gobernador Roberto Romero (padre de Juan Carlos). Gareca es el octavo juez cuya destitución pide.
El apuro se relaciona con el avance de la investigación que Gareca realiza sobre el ex superministro de Producción y Empleo, Gilberto Enrique Oviedo, y el ex Secretario de Obras Públicas, Luis Roberto Siegrist. Ambos funcionarios contrataron con sus propias empresas, Dinarco S. A. y Conciel S. A., cuya titularidad habían delegado en familiares, la construcción de barrios, albergues estudiantiles, carreteras, obras de iluminación y una central eléctrica, por valor de 40 millones de dólares. Oviedo condujo las privatizaciones de la distribución del servicio eléctrico y los juegos de azar, en las que fue acusado de favorecer en forma indebida a los adjudicatarios. En la construcción del dique Itiyuro II se le imputó el pago de un sobreprecio de 16 millones de pesos.
El defensor del juez y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de Salta, Carlos Arturo Ulivarri, pidió la nulidad del procedimiento por violación de las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio. Al ser suspendido Gareca, la causa contra los ministros constructores recaería en el flamante juez Luis María Agüero Molina, cuñado de uno de los investigados por Gareca, Luis Siegrist.
El que no corre
Lo sucedido no es una exclusividad salteña. Perdido el histórico componente social, el postjusticialismo sólo conserva de la matriz fundacional el carácter autoritario y el escaso aprecio por las formas republicanas. La justicia, la prensa, la oposición política y social suelen ser sus víctimas. Así lo indica un rápido repaso, provincia por provincia de las gobernadas por sus demás precandidatos presidenciales.
La Rioja - En el Superior Tribunal hicieron sus primeras armas algunos grandes valores que luego descollaron en la escena nacional como el Buby Nazareno, Raúl Grampillo Ocampo y el turista de privilegio Angel Agüero Iturbe. Si en la Nación el menemismo amplió el número de miembros paraconformar una mayoría propia, en La Rioja lo redujo, con el mismo fin. La última reforma constitucional, en marzo de este año, estableció que los jueces del Superior Tribunal ya no serían siete sino tres, con el alegado propósito de “disminuir el gasto político”. Pero la convención constituyente separó a los cuatro jueces que en las internas justicialistas locales ya no respondían al menemismo: Tomás Yoma, Domingo Tulián, Daniel Herrera y Mario Guzmán Soria.
San Luis - En 1987, Adolfo Rodríguez Saá reformó la Constitución para ser reelecto y a cambio aceptó la creación de un Consejo de la Magistratura. Pero mediante su control de la Legislatura lo redujo a la nada: si el gobernador no envía la propuesta al Senado en 30 días, el Consejo debe someterle una nueva terna con otros candidatos. El Partido Justicialista y el jefe de policía promovieron una movilización sobre el Palacio de Tribunales para exigir la dimisión de los miembros del Superior Tribunal y el diario que dirige la hermana del gobernador los presentó en calzoncillos y con gorras militares en un montaje fotográfico. Cuatro de los cinco se asustaron tanto que dejaron sus cargos vacantes para que Rodríguez Saá los llenara a su gusto. El nuevo Superior Tribunal, presidido por el apoderado personal del gobernador y del Partido Justicialista, Carlos José Antonio Sergnese, declaró inválidas las resoluciones que habían molestado al gobernador.
Todos los Secretarios y los directores del Poder Judicial no incluidos en el escalafón fueron puestos en disponibilidad, y todos los relatores declarados prescindibles. Rodríguez Saá también disolvió los Colegios de abogados y procuradores, que elaboraban las nóminas para el sorteo de los miembros del jurado de enjuiciamiento y controlaban la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Pasaron a integrar el nuevo Jurado de Enjuiciamiento el apoderado del gobernador en la causa del motel “Y no C”, ex ministros y secretarios del gobierno provincial y el esposo de la Fiscal de Estado.
La Federación de Colegios de Abogados convocó a una jornada nacional de protesta contra la suma del poder público, que Rodríguez Saá reunió para “evitar investigaciones sobre enriquecimiento ilícito y corrupción”. Los abogados celebraron las exequias de la Justicia con un féretro negro, sobre el que colocaron la balanza emblemática. En San Luis pocos se enteraron: el único canal de televisión abierta es propiedad del Estado provincial, lo cual completa un modelo impenetrable.
Santa Cruz - La Constitución fue reformada y se aumentó el número de miembros del Tribunal Superior. El gobernador Néstor Kirchner pudo presentarse así a la reelección y la justicia quedó en manos de aliados políticos. El Procurador General Eduardo Emilio Sosa, acusado de radical, fue removido. La Corte Suprema de Justicia ordenó reincorporarlo pero el gobierno provincial se negó, aduciendo que el fallo era una represalia por la participación del diputado Sergio Acevedo en el juicio político a los ministros de la Corte.
Kirchner instó a sus partidarios a “correr” a los caceroleros. Militantes y funcionarios de su gobierno golpearon con palos y cadenas a los manifestantes que reclamaban por las rebajas salariales a jubilados y empleados estatales. El gobernador querelló por calumnias e injurias al abogado de esos caceroleros, Bernardino Zaffrani, quien también representa a los gremios docente y estatal. Zaffrani había cuestionado el vaciamiento de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y atribuido a Kirchner presuntas maniobras en beneficio del concesionario. Además de la pena de cárcel, le reclamó un millón de pesos de indemnización. Entre los jueces que entienden en la denuncia hay dos ex candidatos justicialistas a convencional constituyente e intendente de Río Gallegos. La doctrina y jurisprudencia nacional e internacional señalan que los funcionarios deben estar más expuestos a la crítica que los ciudadanos comunes. La AsociaciónPeriodistas sostuvo que si prosperara, la querella “importaría la reaparición del delito de desacato, cuya derogación fue una conquista democrática de la sociedad”.
Córdoba - José Manuel De la Sota es el precandidato justicialista que menos tiempo ha tenido en el gobierno provincial, al que llegó luego de dieciséis años de administraciones radicales. Sin embargo, no lo ha desaprovechado y hace dos semanas mostró que no tiene uñas más débiles que sus contendientes. El Fiscal Anticorrupción Luis Juez estaba investigando a funcionarios muy próximos a De la Sota, entre ellos el gobernador interino, Herman Olivero, acusado de colgarse de la luz en su casa de fin de semana. De la Sota pidió licencia por la campaña y delegó el cargo en Olivero. Sin embargo volvió a su despacho, donde sostuvo este diálogo con el Fiscal Anticorrupción:
–Vos tenés que hacer la plancha hasta el 15 de diciembre, porque si me denunciás un funcionario por semana yo no puedo hacer campaña.
–Lo que vos tenés que hacer es pedirles a tus funcionarios que se dejen de hacer macanas y entonces yo no los voy a acusar de nada.
Al día siguiente, De la Sota firmó su destitución.

(Informes en Salta: Marcos Díaz Muñoz y Héctor Alí.)