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Sin perspectivas claras para abrir la discusión de tarifas antes de un cambio de gobierno, las empresas telefónicas aspiran, al menos, a algún tipo de compensación de sus ingresos que sea solventado por el Estado. A diferencia del servicio eléctrico o del gas por redes, las prestadoras telefónicas no describen un escenario de colapso cercano por no acceder a un mejoramiento de sus tarifas. Sin embargo, pocas semanas atrás estuvo a punto de quedar fuera de servicio la red de cajeros automáticos y el clearing bancario por un problema de insumos que no estaban disponibles en el país. El material necesario debía importarse, pero una de las restricciones impuestas por el Banco Central es que los pagos al exterior deben hacerse a un plazo mínimo de 180 días desde la fecha de embarque. Telecom, el proveedor responsable al sistema, está en default, así que mal podía abrir una carta de crédito por ese lapso. La solución vino de la mano de una excepción a la regla, que le permitió a la empresa pagar al contado la compra y así solucionar el problema. En el sector aseguran que no será la última vez que deba hacerse caso omiso a la regla para destrabar la solución a un conflicto inminente.
“Es preciso empezar a consensuar un retroceso ordenado”, señaló un alto directivo de una de las prestadoras telefónicas, haciendo referencia a un ineludible proceso de retraso tecnológico que se observaría en los años inmediatos por discontinuidad en el ritmo de inversiones. “Uno de los objetivos de la privatización telefónica fue llegar a competir con tecnología de punta, pero hoy quizá sea preciso revisar esa pretensión”, apuntó la misma fuente. La perspectiva es que las empresas concesionarias no podrán generar, en los próximos años, recursos suficientes para los gastos operativos e inversiones de mantenimiento y actualización tecnológica. “No hay riesgo de colapso, porque el servicio se seguirá prestando, pero ya no es posible pensar en que mantendremos con respecto a los países desarrollados la estrecha distancia que existe hoy en materia tecnológica”, refirió el directivo consultado por este diario.
En el caso de Telecom Argentina, de un promedio de 600 millones de dólares anuales de inversión este año bajará a 50 millones. Telefónica se encontraría en una situación parecida. Con tarifas congeladas e insumos en su gran mayoría en dólares, las compañías apuntan a encontrar “una solución creativa” que les compense, al menos en parte, lo que no pueden recibir por ajuste tarifario. En concreto, le plantearon al ministro de Economía, Roberto Lavagna, que el gobierno nacional “renuncie” a parte de la carga impositiva que pesa sobre la tarifa para volcarlo a favor de los ingresos netos de las empresas, sin cargo para el cliente.
Según estimaciones empresarias, los impuestos que las concesionarias pagan, por sí o tras actuar como agentes de percepción sobre sus clientes, representa el 30 por ciento de su facturación bruta. La tasa del IVA, en promedio ronda el 26 por ciento (entre el 21 de tasa mínima y 40 de máxima, a responsables no inscriptos). Una reducción en dicha tasa y un incremento proporcional de la tarifa, que dejara inalterado el valor final de la factura, les permitiría a las telefónicas recomponer su ecuación económica y encarar una renegociación de sus deudas en dólares sobre bases más sustentables, según sostuvieron ante las autoridades económicas. Hasta ahora, la respuesta ha sido negativa. “El Estado también necesita de esos recursos para seguir funcionando”, habría sido la respuesta que les dio Lavagna.
A diferencia de las concesionarias eléctricas y gasíferas, las telefónicas no han encontrado el atajo para discutir un aumento de tarifas. Congelada hasta el cambio de gobierno la renegociación de los contratos, la única alternativa en carpeta de las privatizadas es pelearle algún punto de facturación que va a las arcas del Estado. Los cargos para el Servicio Universal y para el presupuesto de la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones), que en gran parte no son aplicados a sus fines específicos, también están en la mira de las telefónicas. La consigna esproceder a “un retroceso ordenado”: las empresas no tienen chance de abandonar el servicio, pero reclaman más recursos para no acelerar el deterioro.