A pesar del resultado deficitario de diciembre, la Administración Pública cerró el ejercicio fiscal 2008 con un superávit primario anual de 32.528,7 millones de pesos (descontando el gasto por intereses), que representa un incremento del 26,7 por ciento respecto del ejercicio anterior. El Tesoro cumplió así la meta presupuestaria de un excedente fiscal equivalente al 3,15 por ciento del producto bruto interno, fijada en el Presupuesto Anual 2008. El déficit del último mes del año estuvo motivado, principalmente, por la asignación de partidas con fines sociales antes de fin de año, distribuidas en la forma de pago por única vez a jubilados y pensionados y mayores gastos en coberturas asistenciales administradas por el PAMI.

El gasto primario totalizó en el ejercicio 2008 los 186.605,7 millones de pesos, resultado superior en 48.250,4 millones al acumulado a lo largo de 2007. Este incremento del 34,9 por ciento fue criticado por sectores de fuerte tendencia fiscalista, que incluso advirtieron sobre los “riesgos” de que se estuviera ingresando en una espiral de aumento “no sustentable” del gasto público. Son los sectores que priorizan el “equilibrio fiscal” a los resultados económicos y sociales de la gestión pública. Son los que convirtieron, a lo largo del prolongado período de imperio del neoliberalismo, al “déficit público” en mala palabra, haciéndole perder el carácter de herramienta de política económica.

El informe presentado por el Ministerio de Economía destaca que con respecto a la suba interanual del gasto total, tres cuartas partes de la misma se explica por transferencias corrientes al sector privado para fines asistenciales o compensaciones a transportes y alimentos, prestaciones de la seguridad social y subas graduales de remuneraciones.

El mayor gasto en inversión real directa del sector público, tanto propia como inducida mediante transferencias de capital a otros sectores, representó en conjunto aproximadamente el 2,1 por ciento del producto, un promedio sin precedentes en años recientes. Entre 2000 y 2003, es decir desde antes de la crisis de la convertibilidad hasta el año de salida de la depresión, el promedio de inversión real directa del sector público resultó inferior al 0,4 por ciento. Las mayores derogaciones se destinaron principalmente a las construcciones viales, al mejoramiento de la infraestructura habitacional, a la formulación y ejecución de la política energética, a los emprendimientos nucleares (centrales Atucha I y Atucha II, Embalse) y a los encarados por Aysa (plantas potabilizadoras de Paraná de las Palmas y Berazategui).

Mientras el superávit fiscal se colocó por encima del 3,15 por ciento del producto interno bruto, el superávit financiero (descontando el pago de intereses) se colocó en 1,42 por ciento del PIB, según informó la cartera económica.

Los ingresos totales de la Administración Pública fueron de 219.134,4 millones de pesos en el ejercicio, 55.109 millones por encima de los obtenidos en el año 2007 (33,6 por ciento de aumento). Los ingresos tributarios, que sumaron más de 148 mil millones de pesos de aquel total, verificaron un importante incremento, que las autoridades atribuyeron a la mejora en la actividad económica, el comercio exterior, el empleo, las remuneraciones, las ganancias y el grado de cumplimiento de las obligaciones. No se toma en cuenta, en esta evaluación oficial, la incidencia de los aumentos de precios sobre la recaudación, ya que se trata de una comparación entre cifras nominales.

Por otra parte, el resumen oficial refiere que, en menor medida, también incidieron en la mejora de los ingresos públicos las reformas del régimen previsional, que derivó fondos que antes se aportaban al régimen de capitalización privada, en favor del sector público.