Cuando el ex presidente Fernando de la Rúa y su equipo económico pergeñaron el denominado “megacanje” de la deuda externa no imaginaron que serían denunciados y menos aún que la causa llegaría tan lejos. El fiscal federal Federico Delgado pidió su procesamiento, el de varios de sus ex funcionarios y de un grupo de banqueros por esa operación realizada durante la gestión del ex ministro Domingo Cavallo, que ya se encuentra procesado junto a Daniel Marx. Serán juzgados por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

“Los funcionarios allanaron el camino para la ilícita adjudicación de la operación a favor del consorcio de bancos que resultó favorecido. Todos conocían perfectamente los pormenores de la maniobra porque, básicamente, se trataba de favorecer ilegalmente a un grupo de acreedores de la Argentina”, dijo el fiscal. Además de a De la Rúa, el pedido de Delgado alcanzó a los ex funcionarios Horacio Tomás Liendo, Jorge Baldrich, Jacobo Dreizzen, Guillermo Mondino, Ernesto Marcer y Federico Sturzenegger. El representante del ministerio público también requirió al juez Marcelo Martínez de Giorgi, interinamente a cargo del juzgado federal 2, que procese a los banqueros Jorge Bledel, Pablo María León, Miguel Angel Gutiérrez, Luis María Ribaya, Marcelo Castro, Marcelo Eduardo Podestá, José Enrique Rohm, Eduardo Escasany y Antonio Garcés.

En su momento, al requerir la elevación a juicio de Cavallo y Marx, radicado ante el Tribunal Oral Federal 1, el fiscal ya había advertido que el canje de deuda investigado “sólo podía ser, y de hecho lo fue, un gran negocio para unos pocos que contaban con recursos importantes e información privilegiada, a costa del bienestar de la mayoría, que carecía de esos instrumentos”. Y citó el fallo de la Cámara Federal que confirmó los procesamientos de Cavallo y Marx, según el cual “existió una ilegítima decisión tomada a favor de determinado sector financiero: Banco Francés, Banco de Galicia, Crédit Suisse, First Boston, Grupo Santander Central Hispano, HSBC, J. P. Morgan y Salomón Smith Barney, porque tuvieron la posibilidad de ajustar la decisión de la administración a la operación”.

Respecto de De la Rúa, el fiscal afirmó que “teniendo en cuenta el tamaño, significado y consecuencias de la operación, ningún comportamiento podía desplazarse hacia el terreno de la ilegalidad sin la venia presidencial”. Delgado y el ex fiscal Eduardo Freiler habían calificado el megacanje como un “negociado montado deliberadamente” cuya consecuencia fue el “crecimiento exponencial de la deuda externa”. Y durante la investigación, iniciada por una denuncia del dirigente justicialista Gabriel Labaqué, el economista Claudio Lozano había definido que “los bancos sustituyeron en su tarea al BCRA y al ejercer la representación del deudor transformaron el canje en una operación del acreedor consigo mismo”. En abril de 2002, Cavallo le dijo al juez federal Jorge Ballestero: “Soy el único que puede salvar a este país”. Fue durante su declaración indagatoria, a la que acudió con chaleco antibalas desde la celda que ocupaba por la causa de contrabando de armas.