Le dijeron que no fuera más a trabajar, pero no le había llegado el telegrama de despido, y en un gesto desesperado se subió al techo de la fábrica. “Lo hice para exigir mi reincorporación. Tengo familia, deudas”, explica Javier Spinelli, operario de la autopartista Pabsa, que fabrica butacas para automóviles en Talar de Pacheco. El hecho ocurrió el lunes de la semana pasada, en el marco de una veintena de despidos de personal efectivo, luego de que el año pasado fueran echados unos 70 contratados. Este diario intentó comunicarse con Pabsa, para conocer la versión de la empresa, pero no tuvo éxito.

La reacción de Spinelli provocó una espontánea asamblea en la que los trabajadores votaron a mano alzada una nueva comisión de delegados y eligieron “a quienes consideran que los representan”, según relató uno de sus compañeros, Daniel Luque. Sin bajarse del techo de uno de los galpones, Spinelli discutía con los empleados de recursos humanos, que le ofrecieron reincorporarlo. Advertido por su abogado, Edgardo Moyano, de que no firmara el acuerdo porque carecía de validez legal, el operario siguió ahí hasta pasado el mediodía, y fue filmado por un canal de noticias de cable. Finalmente, lo bajó un “policía-mediador” del Ministerio de Seguridad y fue trasladado a la comisaría 5ª de Talar.

Tras una revisión médica de rutina en el Hospital Castex, volvió a la comisaría y cerca de las 22 lo llevaron a la colonia psiquiátrica Open Door. “La empresa me denunció por intento de suicidio, y a mi abogado por instigación, pero cuando llegué allá estuve un par de horas hasta que el médico a cargo dijo que no tenía síntomas y que no me podía ingresar sin orden judicial o fiscal”, relata Spinelli.

El martes 17 los trabajadores le comunicaron a la empresa el resultado de la elección de los nuevos delegados, y Federico Acosta, que no estaba en la lista de despidos, se enteró de que lo habían suspendido. Lo único que había cambiado era que sus compañeros lo habían elegido para que los representara. El viernes 20 no le permitieron ingresar en la planta. “Los despidos son ilegales porque descubrimos que el (procedimiento) preventivo de crisis que firmó la empresa con el sindicato no está homologado por el Ministerio de Trabajo. Pero, además, son despidos discriminatorios porque echan a activistas gremiales o candidatos a delegados, es una práctica de amedrentamiento, como pasa en Dana o en Lear”, afirma Acosta.

El viernes los operarios de las tres firmas autopartistas de zona norte cortaron los accesos a la planta, en la ruta 197 y Panamericana. “Esta semana vamos a marchar al Ministerio de Trabajo de la Nación para exigir nuestra reincorporación”, anticipó Spinelli.