Tras los reclamos por la lentitud en el avance de los juicios a los represores, la Corte Suprema convocó a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a formar una comisión que defina medidas para agilizar los procesos. El máximo tribunal pidió al gobierno nacional, al Congreso y al Consejo de la Magistratura que envíen un representante para integrar una Comisión Interpoderes que discuta cómo destrabar las situaciones de empantanamiento en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura: si bien el año pasado hubo 32 sentencias, existen unas 150 causas en instrucción y más de 500 procesados.

Los costos de este embudo se hicieron palpables en diciembre, cuando la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la libertad de una veintena de represores porque habían excedido ampliamente el plazo por el que una persona puede estar detenida sin juicio.

El martes pasado, integrantes de los organismos de derechos humanos se entrevistaron con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para pedir que los poderes del Estado coordinen políticas que eviten más demoras en las causas. El reclamo fue retomado el domingo por la presidenta Cristina Kirchner al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, donde la mandataria advirtió que el Poder Ejecutivo ya dotó de recursos a los tribunales y el Parlamento aprobó leyes para acelerar los juicios, por lo que son los jueces quienes deben ahora avanzar en el juzgamiento de los delitos. “Es hora entonces de que la Justicia dé respuestas porque es la hora de ella. Ya pasó la hora del Poder Ejecutivo y la hora del Poder Legislativo, es la hora de la Justicia y se viene demorando desde hace demasiado tiempo”, sostuvo la Presidenta.

“Lo que piden los organismos es razonable y hay que hacerlo”, decía ayer una fuente de la Corte, al apuntar que una señal de la importancia que el máximo tribunal le da al tema está en que le haya dado respuesta “en tan pocos días”. En el edificio del Palacio de Justicia, como era de esperar, que la crítica de la Presidenta estuviera centrada en la Justicia no cayó bien, y como réplica recordaron que “hace un año y medio que venimos pidiendo la creación de dos juzgados orales para acelerar los juicios”.

La Comisión no tiene fecha de arranque, pero hay acuerdo en que empezaría a trabajar en el corto plazo. “Lo imponen estas circunstancias extraordinarias que no dejan márgenes.” El grupo se integrará con un representante del Ministerio de Justicia y uno del Consejo de la Magistratura, mientras que desde el Congreso podrían ir un diputado y un senador de las comisiones de Asuntos Jurídicos. La evaluación que hacen en el ámbito judicial es que lo que hay que solucionar “son cosas muy puntuales, como la falta de jueces en determinados casos o problemas concretos de infraestructura, como la carencia de salas adecuadas” para los procesos por la gran cantidad de causas abiertas luego de que, en agosto de 2003, se declararan nulas las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. La comisión deberá, por esto, tener capacidad de decisión para resolver de la manera más práctica los obstáculos que se presentan en cada caso.

En sintonía con la decisión del máximo tribunal, la Procuración General de la Nación –a la que pertenecen los fiscales– pidió a la Cámara Nacional de Casación Penal que reasignara a jueces de tribunales orales, incluso del interior del país, a la causa por ilícitos cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, para que se ocupen de ella quienes tienen menos carga de tareas. “Hay tribunales federales con menos trabajo, entonces sus integrantes deberán trasladarse para que se pueda cumplir con el requisito de la competencia territorial y el principio constitucional del juez natural”, explicó un funcionario judicial.

La Corte ya les recordó a los jueces a cargo de causas por delitos de lesa humanidad “el deber de extremar los recaudos para acelerar el trámite” de los expedientes y los exhortó a que “evalúen con urgencia las decisiones a tomar a efectos de que sean las más conducentes en cuanto al objetivo de celeridad”. Al anunciar la agenda pública del máximo tribunal para este año, Lorenzetti instó a priorizar los juicios de derechos humanos, “porque en la Argentina hubo un drama que hay que reparar”. El ministro había agregado que “tienen razón los que reclaman que en estos casos debe haber de una vez por todas sentencias, porque no queremos una nueva frustración”.